Connect with us

Opinión

La tentación de la Alerta de Género; antes, que se cumpla la ley y sea delito grave agredir a mujeres

Opinión: Jorge Romero Rendón

Más que una Alerta de Género, lo que se requiere en un estado de tradición machista y violenta como Guerrero, es cambiar las leyes tolerantes que aún existen para considerar delitos graves acciones como la Violencia Intrafamiliar para proteger a las mujeres y a los hijos pequeños, así como reformar de manera integral todo el sistema jurídico para que funcione al mismo ritmo que requiere el cuidado de la sociedad para la familia, impulsando la aplicación de penas más severas, eliminando incluso el acceso a la libertad bajo fianza en casos graves, y estableciendo un sistema de seguridad social especial para las víctimas desprotegidas, entre otras medidas urgentes.

Mucho se ha hablado de la necesidad de emitir una Alerta de Género en Guerrero como medida de protección a las mujeres, luego de que en los últimos tiempos han ocurrido decenas de asesinatos de féminas en diversas circunstancias.

Aunque ya se sabe que es un mecanismo complicado por el tipo de requisitos que se deben cumplir y por el engorroso procedimiento jurídico-político que conlleva, sin descartar el rechazo que provoca una declaratoria de ese tipo para cualquier gobierno por la mala imagen que se gana el gobernante en turno siempre, en la medida en que dicha alerta no impide por sí misma que sigan registrándose homicidios contra mujeres, algo que se le termina reprochando al mandatario.

De manera que la Alerta de Género resulta en un mero recurso mediático y de escaso valor operativo en términos de protección efectiva de las mujeres. Lo que se requiere, según los especialistas, es aplicar efectivamente la ley, perseguir los delitos y castigarlos, actualizar el marco legal y educar a la sociedad en el respeto y cuidado que se le debe tener a las mujeres en todas las etapas de su vida, con valores que se deben inculcar desde la niñez, incluyendo la formación de una conciencia del propio valor y dignidad en las propias niñas dentro de la familia

 

Un Foro por los Derechos de las Mujeres…

 

Sobre esos temas, la Secretaría General de Gobierno ha llevado a cabo una serie de mesas de trabajo para la discusión pública de la Protección de los Derechos de las Mujeres, evento con el que el gobernador Héctor Astudillo Flores cumple uno de sus compromisos hechos con activistas y representantes de la sociedad civil que se preocupan por mejorar las condiciones de vida de las mujeres en condición de vulnerabilidad frente a la violencia en su familia y en una sociedad que no hace lo suficiente por protegerlas.

De entre las ponencias expuestas ayer en la Mesa de Seguridad y Justicia, llamó la atención la presentada por la maestra en Derecho, Maricarmen Gutiérrez Roa, denominada “Hagamos Uso de los Mecanismos de Acceso a la Seguridad y Justicia”, en la que propone dos temas fundamentales para la protección de las mujeres: que la Violencia Intrafamiliar sea considerada delito grave porque es una vía directa al feminicidio con graves repercusiones para los hijos y la familia en su conjunto, dado que el agresor es comúnmente reincidente; y que se actualicen ordenamientos jurídicos como el Código Civil, que va a la zaga del Código Penal, pues mientras en éste se persigue de oficio la agresión, en aquel todavía es por querella, del mismo modo que diversas normas se contradicen entre sí sobre el tema.

La reflexión de Gutiérrez Roa es audaz, pero necesaria incluso cuando propone que en casos graves y a consideración del juez, se elimine la posibilidad de que un agresor de mujeres –sobre todo si es reincidente en el tema de Violencia Intrafamiliar- obtenga la libertad bajo fianza, lo que puede ocurrir si se eleva ese delito a su consideración jurídica como “grave”. Por eso es necesario también que se actualice el marco legal, pues el Código Civil que tenemos data de 1999 sin reforma alguna, y se contradice como ya se expuso.

Lo mismo sucede con el Reglamento de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero –en vigor desde 2008-, mismo que, según la abogada Gutiérrez Roa “no contiene agravantes en ninguno de sus artículos”, y llama a que si tenemos los mecanismos de acceso a la seguridad y justicia, “hagamos que sean aplicables, que sancionen, que no sean letra muerta”

 

La necesidad y el problema de la Alerta de Género…

 

Según su ponencia, en Guerrero son asesinadas cada año unas 120 mujeres, cifra que últimamente se ha elevado, y que coloca a nuestro estado como uno de los que más sufren de casos de feminicidios a nivel nacional. Para eso, dice la autora citada, “también contamos con la Alerta de Violencia de Género (AVG), que es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o la propia comunidad, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese a la violencia en su contra y eliminar las desigualdades derivadas de una legislación que agravia sus derechos, la pregunta aquí es ¿Por qué no se ha utilizado en la Montaña, en Tierra Caliente y en Acapulco con la creciente violencia hacia la mujer y los múltiples feminicidios que estamos conociendo y que no son hechos aislados”.

Lo malo es que para acreditar la emisión de una Alerta de Género, se tienen que acreditar al menos 7 causales que mandata el artículo 325 del Código Penal Federal: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que a la víctima se le hayan infringido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; que existan datos que establezcan que hubo amenazas, relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Y deben cumplirse además 6 causales que cita el artículo 108 Bis del Código Penal del  Estado de Guerrero: que el asesinato ocurra para ocultar una violación, por desprecio u odio a la víctima, por tortura o tratos crueles o degradantes, porque exista o haya existido una relación de afecto entre la víctima y el agresor, o se haya realizado por violencia familiar. Es decir, que debe ocurrir todo un vía crucis para las mujeres víctimas, lo que técnicamente hace casi imposible la declaratoria, a más de sus riesgos políticos de desgaste de los gobernantes ante la opinión pública.

Por eso, coincidimos en que es un instrumento jurídico a la mano para proteger a las mujeres, según cita Gutiérrez Roa, pero que en los hechos vemos como una medida difícil de aplicar hoy, cuando la protección a las mujeres y a sus derechos está en la discusión pública como un tema fundamental que debe ventilarse y hallar soluciones, a pesar de la grave complejidad del fenómeno social que trasmina en la violencia a quienes supuestamente más amamos, nuestras mujeres y nuestros hijos…

Correo electrónico: rendon59@gmail.com

Noticias Acapulco News, Acapulco Guerrero

Anuncio
Click to comment

¿Tienes algo qué agregar?

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Acapulco

Guerrero

Nacional


Tendencias