Chilpancingo, 29 de junio de 2023.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, encabezada por la diputada Leticia Mosso Hernández, presentó un conjunto de propuestas de reformas y adiciones a cinco ordenamientos jurídicos estatales en respuesta al alarmante incremento de la violencia sexual en Guerrero.

Esta iniciativa se alinea con los compromisos internacionales adquiridos a través de la iniciativa Spotlight para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.

Mosso Hernández explicó que es imperante reformar el Código Penal y cuatro leyes estatales relacionadas con la prevención de la violencia y la delincuencia, el sistema de asistencia social, los derechos de la juventud y la convivencia libre de violencia en las escuelas.

Este llamado surge del compromiso asumido por la LXIII Legislatura al firmar el Memorándum de Entendimiento con ONU Mujeres para fortalecer las leyes locales en contra de la violencia hacia mujeres y niñas.

La violencia sexual, aseveró la diputada, es el segundo tipo de agresión más frecuente contra mujeres y niñas, sólo superada por la violencia psicológica, que afecta al 51.6 por ciento de esta población.

En Guerrero, la violencia sexual ha crecido notablemente, incrementando del 27 al 40.9 por ciento en los últimos años, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.

Las reformas propuestas incluyen considerar agravantes en casos de violencia sexual que ocurran en medios de transporte públicos o privados, o que las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables, como mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores o con discapacidad.

Además, se plantea eliminar el móvil de lascividad en los delitos de acoso y hostigamiento sexual, y reemplazarlo por un móvil de naturaleza sexual, acorde a las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, se busca reconocer el entorno escolar como ámbito de ocurrencia del hostigamiento y acoso sexual, y obligar a que las investigaciones en casos de niñas, niños y adolescentes sean oficiosas, integrando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en las medidas de reparación del daño a las víctimas.

Se propone además integrar medidas de prevención en el diseño de políticas públicas estatales y municipales, y establecer la prevención de la violencia contra la mujer en la planificación urbana y rural. Todo ello en consonancia con las obligaciones especificadas en la Ley General de Víctimas.

La iniciativa ha sido enviada a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para su análisis y dictaminación.