Publican ley que endurece penas por uso de drones con fines criminales
La reforma, que prevé sanciones hasta 40 años de prisión, entró en vigor
Chilpancingo, Gro., 14 de agosto del 2024.- La reforma de Ley, que prevé sanciones hasta con 40 años de prisión a quienes utilicen drones para cometer delitos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El Gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, reconoció a los legisladores federales la aprobación de la Ley, con lo que se fortalece el trabajo en materia de seguridad pública y las acciones emprendidas para inhibir los delitos en la ruta de la pacificación, indicó a través de un comunicado.
El pasado 8 de junio entró en vigor un decreto que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el cual establece penas severas de hasta 40 años de prisión para quienes utilicen estos dispositivos para cometer delitos.
Penas más duras
La reforma impone castigos de hasta 20 años de prisión a quienes, mediante el uso de drones, lancen objetos o artefactos explosivos, artefactos explosivos improvisados o armas sobre personas o bienes.
“Se impondrá pena de prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten, a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia realice las conductas siguientes: Arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes, e impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño”, puntualiza el Artículo 163 Bis.
Además, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte drones para el transporte de artefactos explosivos, armas, narcóticos, drogas sintéticas u otros materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Con esta reforma se busca frenar el uso creciente de drones por parte de organizaciones criminales para llevar a cabo actos delictivos, proporcionando a las autoridades una herramienta jurídica.