Chilpancingo, Gro., 24 de marzo de 2026.- Un grupo de 15 padres y madres de estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa denunció exclusión en las diligencias que se llevaron a cabo en la funeraria San Ángel en Iguala, relacionado con el caso.

También rechazaron la posible creación de una nueva Comisión de la Verdad y acusaron que las autoridades los excluyen de la toma de decisiones.

En un pronunciamiento público, recordaron que el 21 de marzo de 2025 tuvieron conocimiento, a través de medios de comunicación, de una diligencia ministerial encabezada por la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) en la misma funeraria.

Lo anterior se llevó a cabo en coordinación con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ), así como con integrantes de organismos civiles de derechos humanos.

Los firmantes denunciaron que las autoridades no les notificaron las medidas previas ni los resultados de las investigaciones, por lo que calificaron la acción como una violación a sus derechos humanos, en particular a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.

La semana anterior, un grupo de padres de los 43 estudiantes desaparecidos participó en una nueva diligencia en las instalaciones de la funeraria San Ángel, en Iguala, como parte de la investigación sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014 en aquella ciudad.

Las autoridades tampoco les informaron sobre un requerimiento emitido por un tribunal federal con sede en Tamaulipas, en el que les solicitan pronunciarse sobre la posible creación de una nueva Comisión de la Verdad para el caso, cuya integración rechazaron.

Recordaron que las resoluciones judiciales previas han derivado en la liberación de presuntos implicados y advirtieron que este antecedente debe considerarse en cualquier decisión futura.

Hicieron un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a las autoridades competentes para que garanticen su derecho a la verdad y la justicia, así como una atención integral como víctimas, evitando actos de exclusión y discriminación.