Senado aprueba creación de la Secretaría Anticorrupción; cumplirá funciones del Inai

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2024 — Con 82 votos a favor y 39 en contra, el Senado de la República aprobó la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de la Agencia Nacional de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Ambas entidades sustituirán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), respectivamente.

Controversia por la centralización de facultades

La reforma, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, generó un intenso debate en el Congreso. La oposición votó en contra al considerar que la nueva Secretaría Anticorrupción asumirá también las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), lo que ha sido calificado por algunos como una centralización excesiva de facultades.

Por su parte, la Agencia de Transformación Digital reemplazará al IFT y asumirá la responsabilidad de formular políticas y lineamientos en áreas como telecomunicaciones, gobierno digital, tecnologías de la información e inclusión digital, además de gestionar la identidad y ciudadanía digital.

Redistribución de recursos y funciones

Se estableció que la Coordinación de Estrategia Digital Nacional transferirá sus recursos humanos, materiales y financieros a la nueva Agencia, con un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2024. La Agencia comenzará operaciones el 1 de enero de 2025.

Asimismo, la Agencia de Transformación Digital sectorizará entidades como el Servicio Postal Mexicano, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, la Agencia Espacial Mexicana e INFOTEC, así como la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la cual quedará adscrita a esta nueva institución.

Reacciones y próximos pasos

Mientras oficialistas destacan la reforma como un avance hacia la modernización y eficiencia administrativa, críticos advierten riesgos de concentración de poder y posibles retrocesos en la autonomía de los órganos reguladores.

El proceso legislativo continuará con la publicación del decreto y los ajustes necesarios para garantizar la transición ordenada hacia las nuevas instituciones. Los próximos meses serán clave para evaluar el impacto de estas reformas en el sistema de transparencia, acceso a la información y telecomunicaciones en México.