Aprueban diputados cobro migratorio a cruceristas

Ciudad de México, 28 de noviembre del 2024.- La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Derechos 2025, eliminando la exención del pago por la expedición del documento migratorio para los pasajeros extranjeros que arriban a México en cruceros.

Fin de una exención histórica

Durante años, los turistas que llegaban al país en cruceros disfrutaron de esta exención debido a su corta estancia, lo cual incentivaba a las navieras a incluir destinos mexicanos en sus itinerarios. Sin embargo, esta medida quedó derogada tras la aprobación legislativa del martes.

“(Se) elimina la exención del pago del derecho por la expedición del documento migratorio para los pasajeros extranjeros que ingresan al territorio nacional, con fines turísticos, por vía marítima a bordo de buques de crucero, prevista en el inciso b), fracción II del artículo 11 de la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de garantizar un control migratorio eficiente y mejorar la recaudación de los derechos migratorios”, señala el dictamen.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina (Semar), hasta septiembre de este año, México ha recibido más de 7 millones de cruceristas, siendo Cozumel uno de los destinos más dependientes de esta actividad económica.

Impacto en la industria turística

El nuevo cobro podría generar un impacto significativo en la llegada de cruceros a costas mexicanas, aunque las empresas navieras aún no han anunciado si cancelarán itinerarios o implementarán ajustes para contrarrestar esta medida.

Recursos recaudados se destinarán a la Sedena

La Ley Federal de Derechos establece que el 67% del “Derecho de No Residente” ahora será destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que el resto ingresará a la Tesorería de la Federación sin un uso específico para el gasto público.

Además, los aeropuertos privados, que anteriormente entregaban el 9% de sus ingresos brutos como contraprestación por sus concesiones, deberán canalizar estos recursos directamente a las Fuerzas Armadas: el 60% al Ejército y el 40% a la Marina. Ambas instituciones han asumido un rol clave en el control y administración aeroportuaria.

La medida generará debates sobre su impacto en la industria turística y su implicación en la relación entre el sector privado y el gobierno. Por ahora, la decisión pasará al Senado para su ratificación.