Excesivo bloqueo carretero en Ocotito: Francisco Rodríguez critica protesta
En entrevista, Rodríguez explicó que, durante la reunión sostenida ayer con representantes comunitarios y el comisario del Ocotito, José David Reyna Leyva, no se presentaron nuevos planteamientos.
Chilpancingo, Gro., 8 de agosto de 2025.– El subsecretario de Gobierno para Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, calificó como un “exceso” el bloqueo de más de once horas registrado el miércoles en la Autopista del Sol y la carretera federal México–Acapulco, protagonizado por pobladores de 20 localidades de la Sierra de Chilpancingo.
En entrevista, Rodríguez explicó que, durante la reunión sostenida ayer con representantes comunitarios y el comisario del Ocotito, José David Reyna Leyva, no se presentaron nuevos planteamientos. “El último acuerdo fue el mismo con el que concluimos la reunión anterior. No vamos a caer, como gobierno, en provocaciones”, afirmó.
El funcionario consideró que el cierre carretero fue “un uso excesivo de un derecho” y que “no fue correcto ni tuvo justificación, ya que previamente se estableció diálogo y se atendió de manera temprana la demanda en materia de seguridad”.
Rodríguez reiteró que estas acciones van en contra de la política de puertas abiertas impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, enfocada en fortalecer la seguridad pública sin recurrir a la represión. “Ella ha dicho que es para generar seguridad, no para reprimir al pueblo”, señaló.
Advirtió que los manifestantes “habrán de asumir las consecuencias de sus actos”, aunque aclaró que el Gobierno de Guerrero no iniciará procedimientos legales, ya que las vialidades afectadas son federales.
El subsecretario confió en que los recientes cambios en la Secretaría de Seguridad Pública estatal y en la Guardia Nacional en Guerrero arrojen resultados positivos en el corto plazo.
El bloqueo afectó gravemente el tránsito en uno de los principales corredores turísticos y comerciales del estado, generando retrasos y pérdidas para transportistas y viajeros. El caso refleja la tensión entre comunidades serranas y autoridades, marcada por demandas de mayor presencia de fuerzas de seguridad y atención a problemas locales.
