5 June, 2026
Propone reconocer la salud mental como derecho en Guerrero
La legislación implicaría garantizar acceso a servicios de calidad, sin discriminación y con respeto a la dignidad humana
Chilpancingo, Gro., 10 de septiembre de 2025.- La diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de adición a la Constitución Política de Guerrero para que la salud mental sea reconocida como un derecho fundamental, equiparable al derecho a la salud física.
La legisladora destacó que este derecho está respaldado por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, e implica garantizar acceso a servicios de calidad, sin discriminación y con respeto a la dignidad humana.
“La salud mental es un derecho fundamental que merece ser protegido y promovido con la misma dedicación y rigor que cualquier otro derecho humano. Garantizar la salud mental como derecho constitucional a nivel estado es un paso crucial hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa”, señaló.
La propuesta busca asegurar la prevención, atención, tratamiento y concientización sobre las enfermedades mentales en Guerrero, promoviendo una sociedad más saludable y con bienestar emocional.
Reformas para la igualdad sustantiva
La legisladora también presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, con el objetivo de armonizar las disposiciones locales con la Constitución Federal.
En su intervención, Mosso Hernández subrayó que persisten desigualdades estructurales que limitan el desarrollo pleno de las mujeres, siendo la brecha salarial de género una de las más graves.
“Uno de los ámbitos más críticos y persistentes de desigualdad es el mundo laboral, donde se manifiesta de manera clara y medible la brecha salarial de género, donde las mujeres ganan menos que los hombres por realizar trabajos de igual valor”, expresó.
La propuesta busca incorporar mecanismos legales para eliminar la desigualdad salarial, garantizar igualdad de oportunidades, y fortalecer la perspectiva de género en políticas públicas.
Ambas iniciativas fueron turnadas para su análisis: la primera a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, y la segunda a la Comisión para la Igualdad de Género.
