Proponen informe anual de la FGE y CDHEG ante el Congreso de Guerrero

Chilpancingo, Gro., 12 de septiembre de 2025.– Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en Guerrero, el diputado Alejandro Bravo Abarca propuso reformar la Constitución Política del Estado para que los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) presenten un informe anual de actividades ante el Congreso local.

La iniciativa, que se analiza en la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, busca reforzar los mecanismos de control y supervisión sobre el actuar de las autoridades responsables de investigar y perseguir los delitos, para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

Cerrar un vacío normativo

Bravo Abarca señaló que actualmente la Constitución estatal no contempla de manera explícita esta obligación, lo que limita el diálogo institucional entre Poderes y la posibilidad de evaluar y retroalimentar el trabajo de la Fiscalía y la CDHEG.

“Si bien es cierto que la Constitución Política Federal y la del Estado contemplan las bases para la autonomía del Ministerio Público, también es deber de este Órgano rendir cuentas del ejercicio de sus funciones, que es una obligación democrática”, sostuvo.

Más control y participación ciudadana

El legislador subrayó que la presentación de un informe anual permitiría exponer avances, retos y estadísticas del trabajo realizado, dar seguimiento a casos de alto impacto social y atender temas de interés público como el combate a la impunidad y la corrupción, la protección a víctimas y la eficacia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Además, planteó que los Órganos Internos de Control de los organismos autónomos asuman funciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales, con el fin de consolidar un marco institucional más abierto, responsable y cercano a la ciudadanía.

Herramienta para fortalecer instituciones

“El informe anual sería una herramienta clave para visibilizar los logros alcanzados, pero también para señalar las áreas que requieren fortalecimiento, propiciando con ello la construcción de una política criminal y de defensa de los derechos humanos, más eficaz y acorde a los principios del estado democrático”, puntualizó Bravo Abarca.