4 June, 2026
Jesús Urióstegui impulsa sanciones más duras por manipular expedientes en Guerrero
La Iniciativa busca tipificar como falta grave la destrucción y ocultamiento de documentos para proteger derechos ciudadanos
Chilpancingo, Gro., 30 de septiembre de 2025. — Para evitar que trámites y derechos ciudadanos se pierdan debido a negligencia o corrupción, el diputado Jesús Urióstegui García presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero. La propuesta busca castigar como falta administrativa grave la destrucción, alteración u ocultamiento de expedientes oficiales.
El legislador explicó que la iniciativa plantea modificar la fracción quinta del artículo 49 y adicionar el artículo 64 Ter, con el objetivo de imponer sanciones más severas y agravantes específicas para servidores públicos que, de forma intencional, desaparezcan documentos que respaldan derechos como la regularización de propiedades, apoyos sociales, pensiones o servicios de salud.
“He escuchado testimonios de personas que al acudir por un trámite o beneficio se topan con una barrera invisible: su expediente no existe. No hay palabras para describir la impotencia de quien pierde lo que le corresponde por justicia, sólo porque un documento fue ocultado o desaparecido”, expresó Urióstegui.
Derechos ciudadanos en riesgo por manipulación documental
Como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el diputado ha recorrido diversas comunidades donde la manipulación de expedientes es una problemática recurrente. Advirtió que no se puede permitir que la ausencia de un expediente se convierta en una moneda de cambio para negociar derechos.
Actualmente, la ley considera estas conductas como faltas no graves, lo cual no refleja el daño real a la ciudadanía. Por ello, la propuesta busca distinguir entre errores administrativos menores y actos deliberados de corrupción o abuso, dotando a las autoridades de herramientas para sancionar con mayor firmeza a quienes afecten la integridad de los documentos públicos.
“En Guerrero, la legalidad no puede ser opcional. Esta propuesta es un acto de justicia administrativa y un mensaje claro: ningún derecho será silenciado por la opacidad de un servidor público”, afirmó el diputado.
