4 June, 2026
Coparmex denuncia que la extorsión crece en 20 estados y pone “de rodillas” a los empresarios; exige considerarla prioridad nacional
La extorsión aumentó en 20 de las 32 entidades del país, afectando a casi dos tercios del territorio nacional
Ciudad de México, CDMX, 25 de enero de 2026.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó este 25 de enero de 2026 que la extorsión en México mantiene una tendencia al alza y representa uno de los mayores obstáculos para la actividad empresarial, al grado de poner “de rodillas a los empresarios” en amplias zonas del país.
Cifras alarmantes del reporte Coparmex
Durante 2025, la extorsión aumentó en 20 de las 32 entidades del país, afectando a casi dos tercios del territorio nacional. Cinco estados concentran el 65.2% de las víctimas: Estado de México, CDMX, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz. Las 10 entidades con más casos acumulan el 81% del total nacional.
En la última década (2015-2025), las víctimas anuales pasaron de 6,223 a 11,081, un incremento del 78.1%.
“La extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México”, señaló el organismo presidido por Juan José Sierra.
Impacto en la economía y la inversión
Coparmex subraya que el delito no es aislado ni transitorio: encarece la operación diaria, limita el crecimiento de empresas y afecta decisiones de inversión, especialmente en regiones críticas.
La concentración territorial es evidente: Guanajuato aporta 8 de los 20 municipios con mayor tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, seguido por CDMX (4) y Nuevo León (2).
Demandas urgentes al gobierno
La Coparmex exige:
- Convertir la extorsión en prioridad nacional de política pública.
- Que los gobiernos locales creen unidades especializadas en las Fiscalías Estatales para investigar y perseguir este delito.
- Fortalecer el Estado de Derecho, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a los grupos criminales.
- Proteger la inversión, preservar empleos formales y permitir que las empresas operen sin coerción.
Aunque reconoció la aprobación de la Ley General contra la Extorsión, el organismo insiste en que sin implementación efectiva y especialización local, el problema seguirá expandiéndose.
