4 June, 2026
Presentan denuncia por traición a la patria por traslado de reos a EU sin extradición
Denunciaron penalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los demás integrantes del Consejo de Seguridad Nacional
27 de enero de 2026.- Familiares de tres de las 92 personas privadas de la libertad que el gobierno envió, entre febrero de 2025 y enero de 2026, ante la justicia de Estados Unidos, denunciaron penalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los demás integrantes del Consejo de Seguridad Nacional por los delitos de traición a la patria y coalición de servidores públicos.
“Lo que está ocurriendo en México es sumamente grave porque ya van 92 personas desterradas y en cualquier momento puede ser cualquier otro mexicano que incomode al gobierno”, dijeron este lunes familiares y abogados durante una conferencia de prensa.
Los afectados mostraron la denuncia penal que presentaron hoy ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que señalaron que las autoridades trasladaron a sus familiares sin que existiera procedimiento de extradición en trámite ni solicitud formal por parte de una autoridad extranjera.
“No había mandato judicial que autorizara su entrega a otro país, lo que constituye una grave violación al marco constitucional y legal, así como a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano”, acusaron.
¿Cuáles son los argumentos?
Vanessa Guzmán Sánchez, pareja sentimental de Juan Pedro Saldívar Farías, ‘el Z-27’ —identificado por las autoridades como tercero al mando de ‘Los Zetas’— sostuvo que las autoridades enviaron a su pareja a territorio estadounidense al margen del debido proceso, lo que vulneró garantías fundamentales como la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y el principio de legalidad que debe regir cualquier forma de cooperación internacional en materia penal.
“El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro, una figura expresamente prohibida en nuestra Constitución Política, y que, de manera abierta, la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que responde a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, particularmente a una petición del Departamento de Justicia, cuyos términos, alcances y fundamentos jurídicos no han sido transparentados ni sometidos a control constitucional o legislativo, lo cual es sumamente delicado para este país”, indicó.
En la conferencia participó Hugo Dionisio Guadalupe, representante legal de Daniel Menera Sierra, a quien las autoridades entregaron en el tercer envío. El tercer demandante es Itiel Palacios García, a quien las autoridades entregaron en febrero de 2025.
Los abogados advirtieron que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática que vulnera de manera explícita los derechos humanos y civiles de al menos 92 personas privadas de la libertad, a quienes trasladaron de forma masiva a Estados Unidos bajo una figura no prevista ni regulada en la legislación mexicana.
Consideraron que estos hechos marcan un precedente grave y preocupante en la relación bilateral México–Estados Unidos, al implicar un sometimiento de decisiones soberanas a intereses extranjeros, sin respetar los mecanismos formales de cooperación internacional ni los tratados vigentes en materia de extradición y asistencia jurídica mutua.
Los litigantes no descartaron recurrir a la justicia internacional.
