Propone diputado mecanismos para la respuesta de autoridades a exhortos del congreso

Chilpancingo, Gro., 10 de abril de 2026.— El diputado Jorge Iván Ortega Jiménez presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, con el propósito de establecer mecanismos claros de seguimiento, plazos y obligaciones de respuesta a los exhortos aprobados por el Pleno, así como medidas ante su incumplimiento, a fin de garantizar su eficacia.

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En tribuna, el legislador explicó que la reforma propone incorporar los artículos 314 Bis, 314 Ter, 314 Quater y 314 Quinquies, en los que se establecen procedimientos de seguimiento a los puntos de acuerdo que contienen exhortos dirigidos a autoridades de los tres niveles de gobierno. El Congreso notificará estas resoluciones en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a su aprobación, con el objetivo de que las personas o instituciones tengan conocimiento oportuno de los llamados y evitar que pierdan vigencia o impacto social.

Asimismo, se plantea que las autoridades exhortadas cuenten con un plazo de hasta cinco días hábiles para informar al Congreso el sentido de su respuesta, ya sea de aceptación o rechazo, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas, evitar la discrecionalidad y garantizar que la Mesa Directiva, las comisiones dictaminadoras y la diputada o diputado promovente tengan conocimiento puntual de las respuestas.

Ortega Jiménez señaló que, en caso de omisión por parte de la autoridad exhortada, se presumirá la aceptación del exhorto, lo que permitirá evitar la inacción institucional. Además, se faculta al Congreso para citar a comparecer a las autoridades estatales que no respondan, a fin de que expliquen los motivos de su incumplimiento, fortaleciendo así la transparencia y la responsabilidad pública.

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Agregó que, en caso de rechazo del exhorto, el autor de la propuesta o la comisión dictaminadora podrán intervenir en tribuna para exponer las implicaciones sociales de dicha decisión, reforzando el debate democrático y la función representativa del Congreso, en beneficio de una mayor vinculación entre las decisiones legislativas y las demandas ciudadanas.

El Congreso turnó la iniciativa a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.