4 June, 2026
Admite Asuntos Indígenas que jornaleros agrícolas aún migran en condiciones inseguras y son vulnerados en sus derechos humanos
Por lo menos 13 mil jornaleros agrícolas migraron hacia los estados del norte del país en busca de mejores condiciones de vida
Francisca Santiaguez
Chilpancingo, Gro., 19 de abril de 2026.- El secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga, admitió que en la migración de jornaleros agrícolas hacia los estados del norte del país aún prevalecen los riesgos e incertidumbre, particularmente para aquellos que viajan sin acompañamiento institucional, que los expone a violaciones a sus derechos humanos, abusos laborales y situaciones de inseguridad.
Pese a la coordinación entre las dependencias para brindar acompañamiento a los trabajadores del campo, desde su registro, traslado y seguimiento, hay un número importante de jornaleros que decide migrar por su cuenta, generalmente a través de intermediarios conocidos como “enganchadores”, lo que incrementa su vulnerabilidad, dijo el funcionario.
De acuerdo con la última cifra de registro, es que durante el último año, por lo menos 13 mil jornaleros agrícolas migraron hacia los estados del norte del país en busca de mejores condiciones de vida.
Sin embargo, hay un número importante de quienes no cuentan con garantías básicas durante el traslado ni en los centros de trabajo, lo que ha derivado en hechos como asaltos, malas condiciones laborales e incluso agresiones, dijo.
Reconoció que algunos de los incidentes más graves registrados anteriormente ocurrieron precisamente con grupos que no estaban inscritos en los mecanismos oficiales de acompañamiento.
Aunque dependencias como la Secretaría del Trabajo y de Migrantes concentran los registros formales, organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan estiman que miles de personas migran cada año en busca de empleo agrícola, muchas de ellas provenientes de comunidades indígenas de La Montaña.
Bruno Arriaga afirmó que cuando los jornaleros son contratados bajo el esquema de regulados, los empleadores están obligados a garantizar las condiciones mínimas de estancia, como vivienda digna, acceso a servicios de salud y educación para las familias completas que se trasladan.
Sin embargo, esta política no siempre se cumple cuando el traslado se hace fuera del control institucional.
