7 June, 2026
Entre irregularidades y opacidad, el Ayuntamiento de Acapulco ejecuta alza disfrazada del predial
Advierten que este mecanismo funciona como un “Plan B” para elevar la recaudación sin modificar las tasas impositivas
Acapulco, Guerrero, 20 de abril de 2026.- Lo que el Congreso de Guerrero frenó en el papel, el gobierno de Abelina López Rodríguez intenta imponer por la vía de los hechos.
Tras el rechazo legislativo a un aumento directo del impuesto predial para 2026, el Ayuntamiento de Acapulco activó una revaluación catastral masiva que, en los hechos, opera como un incremento disfrazado que podría golpear el bolsillo de los ciudadanos hasta en un 20% a partir de 2027.
La medida consiste en actualizar la base gravable de miles de inmuebles mediante visitas técnicas para revisar metros cuadrados de construcción, acabados y áreas comunes, así como la aplicación de nuevos valores unitarios vinculados a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Especialistas y despachos jurídicos advierten que este mecanismo funciona como un “Plan B” para elevar la recaudación sin modificar las tasas impositivas. Es decir, aunque el porcentaje del predial no cambie, el aumento en el valor catastral de las propiedades impactaría directamente en el monto a pagar.
La cadena de corrupción
Detrás de esta operación no solo asoma el área de Finanzas, a cargo de Carlos Morillón, incondicional de Abelina López, sino una cadena institucional que difícilmente podría alegar desconocimiento. La Tesorería municipal habría delineado la estrategia recaudatoria, mientras la Dirección de Catastro ejecuta en campo las revisiones y determina los nuevos valores. A su vez, la Dirección Jurídica tendría que validar los procedimientos, pese a las múltiples quejas por notificaciones irregulares y posibles violaciones al debido proceso.
En paralelo, la Secretaría General del Ayuntamiento aparece como el engranaje político que permite que la medida avance sin contención, aun frente al creciente descontento ciudadano.
Silencio cómplice del Cabildo
Pero el silencio también pesa. El Órgano Interno de Control no ha hecho públicas investigaciones o sanciones ante las anomalías denunciadas, lo que abre la puerta a la sospecha de omisión deliberada. A esto se suma la pasividad del Cabildo, cuyos integrantes, obligados a vigilar la actuación del gobierno municipal, no han frenado ni transparentado una estrategia que impacta directamente en el bolsillo de los acapulqueños.
Más que errores aislados, el esquema exhibe una red de responsabilidades donde acción y omisión se combinan, apuntalando una política recaudatoria que hoy está bajo cuestionamiento.
En la práctica, esto ya comienza a reflejarse. Vecinos de distintas zonas del puerto, particularmente en el área Diamante y Brisas, han empezado a recibir notificaciones oficiales sobre la revisión de sus inmuebles. En algunos casos, los nuevos valores catastrales entrarían en vigor apenas en el siguiente bimestre.
Sin embargo, la medida ha generado fuerte inconformidad. Más de 200 propietarios han manifestado su rechazo, al considerar que se trata de un incremento encubierto. Además, acusan irregularidades en el proceso.
Entre las principales quejas destacan notificaciones entregadas a personal sin facultades legales, citatorios fijados directamente en puertas sin agotar procedimientos previos, así como falta de justificación técnica en los aumentos de valor, que —aseguran— no corresponden al precio real de mercado de los inmuebles.
Prerparan juicios masivos ante cobros ilegales
Ante este escenario, despachos legales ya preparan juicios de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con el objetivo de frenar las actualizaciones catastrales.
Los especialistas advierten que los propietarios cuentan con un plazo de apenas 15 días hábiles tras recibir la notificación para impugnarla, por lo que recomiendan reunir documentación como boletas prediales, escrituras y, en su caso, actas constitutivas.
Mientras el Ayuntamiento continúa con las brigadas de revisión, el conflicto escala entre autoridades y ciudadanos, en lo que podría convertirse en una disputa legal de alto impacto rumbo a 2027.
