28 June, 2026
Ejidatarios de Chichihualco piden juicio político contra regidor de Leonardo Bravo
Los ejidatarios acusaron además que Rodríguez Reyes se atribuye facultades que no le competen y que su actuación ha afectado los intereses del núcleo agrario
Chilpancingo, Gro., 27 de abril de 2026.- Ejidatarios del núcleo agrario de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, presentaron al Congreso local una solicitud de inicio de juicio político o revocación de mandato en contra del regidor de Deportes, Jesús Rodrigo Rodríguez Reyes del ayuntamiento de la localidad.
La acusación es que incurrió en omisiones en el ejercicio de sus funciones públicas, por generar divisionismo en el interior del núcleo agrario y buscar imponer a las autoridades agrarias a través de la manipulación del padrón de los comuneros.
En conferencia de prensa, Manuel de Aquino Sandoval, secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco, denuncia que el pasado 20 de abril el regidor participa en una rueda de prensa realizada a las afueras del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 12.
De acuerdo con la denuncia, la intervención del regidor se dio en el contexto del conflicto que persiste por el cambio de los integrantes del comisariado ejidal, situación que mantiene la disputa por la representación agraria en la comunidad.
Consideró que la intervención del servidor público no corresponde a sus funciones, al tratarse de un tema interno de la representación de los comuneros.
El ha generado división al interior del ejido al presuntamente incitar a un grupo de ciudadanos que no cuentan con la calidad de ejidatarios a reclamar derechos que, aseguran, no les corresponden.
Los ejidatarios acusaron además que Rodríguez Reyes se atribuye facultades que no le competen y que su actuación ha afectado los intereses del núcleo agrario, al fomentar la confrontación en lugar del diálogo y la unidad.
Urgieron al Congreso local al análisis del documento presentado, para que actúe conforme a la ley y determine la posible destitución del funcionario municipal, al considerar que sus acciones vulneran principios como la legalidad, honradez e imparcialidad en el servicio público.
