4 June, 2026
Denuncia líder del SNTE en Guerrero adeudos en pagos de seguros a 400 beneficiarios
Denunció a la aseguradora Argos que mantiene retenido el pago de los beneficios tanto para los trabajadores activos como a jubilados del sector educativo, situación que se ha convertido “insostenible”
Chilpancingo, Gro., 01 de junio de 2026.- El secretario general de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Silvano Palacios Salgado denunció un grave rezago en el pago de seguros por defunciones y jubilaciones que afecta a más de 400 beneficiarios.
Denunció a la aseguradora Argos que mantiene retenido el pago de los beneficios tanto para los trabajadores activos como a jubilados del sector educativo, situación que se ha convertido “insostenible”.
Precisó que la aseguradora enfrenta regazos de adeudos con familiares de 300 trabajadores que han fallecido, y no se han cubierto, así como el pago de 100 seguros más para activos, con quienes hay un contrato firmado para 20 meses de pago, de los cuales, al estado le corresponderían cubrir dos meses.
En entrevista detalló que, en el caso de los jubilados, las familias deberían recibir el equivalente a 20 meses de pensión: 18 cubiertos por la aseguradora y dos por el Gobierno del Estado. Sin embargo, la empresa aseguradora ha argumentado la falta de pago de la parte gubernamental como motivo para no liberar la totalidad del recurso.
El dirigente sindical señaló que autoridades estatales y representantes de la aseguradora han realizado diversas mesas de trabajo; sin embargo, sólo han planteado soluciones parciales para algunos casos. Ante ello, el SNTE rechazó las propuestas y exigió una respuesta integral que garantice el pago a todos los beneficiarios afectados.
Palacios Salgado afirmó que la falta de pago de los seguros mantiene en incertidumbre a cientos de familias que perdieron a un ser querido y aún esperan recibir los recursos que les corresponden.
Por otro lado también, denunció que intermediarios han tratado de lucrar con la necesidad de los afectados, cobrando comisiones para agilizar los trámites, situación que calificó como un acto de “insensibilidad” y abuso.
