4 June, 2026
Acusan a FGE por falta de avances en identificación de desaparecidos en Guerrero
Denuncia que las jornadas de búsqueda fueron suspendidas y reprogramadas hasta mediados de julio por la Fiscalía General de la República
La representante del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) incurre en omisiones graves al no identificar a personas desaparecidas, por lo que las propias familias han tenido que asumir labores que corresponden a la autoridad.
En declaraciones, Gil Guzmán destacó el caso de Luis Alberto Vargas Narciso, desaparecido en 2019 en Ayutla de los Libres. Su cuerpo fue localizado, pero permaneció durante años sin ser identificado, a pesar de que portaba su credencial de elector.
La activista explicó que desde 2021 el colectivo revisó listados de personas sin identificar y logró ubicar a la familia de Luis Alberto, quien desconocía que sus restos se encontraban en el Servicio Médico Forense (Semefo).
“Si la fiscalía hiciera su trabajo e identificara a las personas, nos ahorraría mucho trabajo y, sobre todo, mucho dolor”, expresó.
Gil Guzmán lamentó que la madre de Luis Alberto falleciera sin conocer el paradero de su hijo, manteniendo durante años la esperanza de encontrarlo con vida. Incluso ahora, aún están pendientes pruebas de confronta genética para confirmar la identidad de los restos.
También criticó el incumplimiento de acuerdos por parte del fiscal general, Zipacná Jesús Torres Ojeda.
Las integrantes del colectivo participarán el próximo 11 de junio en una marcha nacional de madres buscadoras en la Ciudad de México, que partirá de la Central de Taxqueña hacia el Estadio Banorte. Pidieron apoyo de la población para cubrir gastos de traslado.
La activista aclaró que la movilización no está en contra de la Copa Mundial de Futbol, sino contra “la decisión de los gobiernos de priorizar recursos para ese evento mientras se mantienen rezagos en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas”.
Denunció que las jornadas de búsqueda fueron suspendidas y reprogramadas hasta mediados de julio por la Fiscalía General de la República, lo que retrasa aún más los procesos.
