Vinculan a proceso a presunto homicida de Marco Antonio Suástegui
El acusado continuará en prisión mientras avanza el caso.
18 de junio de 2026.- El presunto homicida de Marco Antonio Suástegui Muñoz, defensor del territorio y vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), fue vinculado a proceso la tarde del miércoles en el Centro Integral de Justicia de Acapulco, en la zona Diamante.
La resolución judicial se emitió en una audiencia realizada en el Centro Integral de Justicia ubicado en La Poza, donde una jueza de Control y Enjuiciamiento Penal determinó el auto de vinculación a proceso contra Harold N., señalado por el delito de homicidio.
El Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que la audiencia inicial comenzó a las 16:50 horas del miércoles, donde se presentaron los elementos de prueba en contra del imputado.
El abogado de la organización, Rogelio Téliz García, explicó que el 12 de junio se ejecutó la orden de aprehensión contra Harold N., identificado como la persona que presuntamente causó las lesiones que derivaron en la muerte del defensor ambiental. Añadió que la jueza determinó su vinculación a proceso y prisión preventiva, por lo que el acusado continuará en prisión mientras avanza el caso.
El litigante precisó que el proceso entrará ahora en un periodo de cuatro meses de investigación complementaria, etapa en la que las partes deberán fortalecer sus argumentos.
¿Cómo fue el atentado contra el defensor ambiental?
Suástegui Muñoz murió el 25 de abril de 2025 tras recibir tres impactos de bala. De acuerdo con el relato del Centro Tlachinollan, los hechos ocurrieron cuando Suástegui Muñoz y su familia salían de la playa. El presunto agresor les cerró el paso y, tras un forcejeo inicial, se registró el ataque armado. La organización detalló que la víctima intentó huir, pero el agresor lo persiguió hasta la arena, donde resultó gravemente herido frente a turistas.
La familia trasladó al defensor al hospital tras la agresión, mientras que la organización señaló que el caso se relaciona con amenazas previas vinculadas a conflictos por cobros ilegales en la zona de playas.
