4 June, 2026
Micaela Cabañas rompe el silencio: “Figueroa violó a mi madre y mandó a matar a mi padre”
Relató ante decenas de periodistas y simpatizantes cómo su familia se convirtió en víctima directa del poder represivo del priismo guerrerense
Chilpancingo, Guerrero, 17 de noviembre de 2025 – Con voz firme y lágrimas contenidas, Micaela Cabañas, activista social y defensora de derechos humanos en Guerrero, lanzó una denuncia explosiva contra Rubén Figueroa Figueroa, exgobernador de la entidad y figura controvertida de la política mexicana: “Rubén Figueroa violó a mi madre y mandó a matar a mi padre”.
Esta acusación, vertida durante una rueda de prensa improvisada en las afueras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Chilpancingo, revive las sombras de un pasado marcado por la violencia estatal y la impunidad en los años 90.
Micaela, hija de la activista campesina Alicia Cabañas y del líder social Lucio Cabañas, relató ante decenas de periodistas y simpatizantes cómo su familia se convirtió en víctima directa del poder represivo del priismo guerrerense.
El contexto histórico que enmarca esta denuncia es el de la “guerra sucia” en Guerrero, un estado donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ejerció un control férreo mediante paramilitares y fuerzas de seguridad durante décadas. Rubén Figueroa Jr., hijo del también exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asumió el cargo en 1993 en medio de protestas masivas lideradas por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y grupos campesinos. Su gestión se tiñó de sangre con la masacre de Aguas Blancas en junio de 1995, donde policías estatales bajo su mando mataron a 17 campesinos desarmados que marchaban hacia Atoyac exigiendo fin a la discriminación.
Micaela Cabañas, quien creció en el exilio forzado en la Ciudad de México y se formó como abogada en la UNAM, ha dedicado su vida a la memoria de sus padres. Fundadora de la Casa de la Memoria Amnistía y Libertad en Guerrero, ha documentado más de 200 casos de desapariciones forzadas en el estado desde los 70.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan respaldaron la denuncia de Micaela, exigiendo una comisión de la verdad estatal.
Este testimonio no solo expone heridas abiertas de la transición democrática mexicana, sino que cuestiona la persistencia de la impunidad en un país donde, según Amnistía Internacional, más del 95% de los crímenes de lesa humanidad quedan sin castigo.
