Se dispara delito de extorsión en Guanajuato; creció más de 960% en cinco años

León, Gto., 21 de junio del 2025.- La extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento y amenaza en el estado de Guanajuato.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cinco meses de 2025 se han abierto 583 carpetas de investigación, la cifra más alta desde que se tiene registro.

La tendencia es alarmante:

• En 2021: 55 casos
• En 2022: 206 casos
• En 2023: 321 casos
• En 2024: 390 casos
• En 2025: 583 casos hasta mayo

Esto representa un incremento del 49.5% respecto al mismo periodo del año anterior y un crecimiento de más del 960% en apenas cinco años.

Comerciantes bajo amenaza

La escalada del delito ha tenido graves consecuencias para la economía local.

Decenas de establecimientos comerciales han cerrado y muchos otros operan bajo el asedio constante de grupos de extorsionadores que amenazan a los propietarios de negocios familiares, pequeños comercios y emprendedores.

Las amenazas suelen llegar vía telefónica o de manera presencial, y en algunos casos han sido acompañadas por ataques violentos, generando un clima de miedo que impide el desarrollo económico en distintas regiones del estado.

Estrategias insuficientes para combatir extorsión

A pesar de los esfuerzos de la administración estatal, como la creación del ‘Escuadrón Antiextorsión’ de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el fenómeno no ha logrado ser contenido. Aunque sí se han evitado pagos en algunos casos, el crecimiento del delito indica que las medidas aún son insuficientes frente a la dimensión del problema.

La situación representa uno de los mayores retos para la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien ha apostado por estrategias de contención y atención directa a víctimas, pero enfrenta un delito que continúa expandiéndose sin freno.

Finalmente, organismos empresariales, comerciantes y ciudadanos han reiterado el llamado a las autoridades estatales y federales para articular una estrategia más efectiva y coordinada, que no solo frene la violencia, sino que también garantice justicia y reparación a las víctimas.