5 June, 2026
Acatará la ASE cualquier resolución del Juzgado de Distrito sobre el caso Abelina López
Agregó que la ASE no ha sido notificada sobre la determinación; sin embargo, cuando la reciba, la valorará para determinar si impugna el proceso o acatarla.
El auditor superior del Estado (ASE), Marco César Paris Peralta, aseguró que acatará sin objeción cualquier resolución del Juzgado de Distrito sobre el recurso de amparo de “suspensión definitiva” promovido por la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, contra las actuaciones del órgano de fiscalización.
Agregó que la ASE no ha sido notificada sobre la determinación; sin embargo, cuando la reciba, la valorará para determinar si impugna el proceso o, en su caso, acatarla. “Nosotros somos una entidad que respeta las leyes, por eso exigimos también su cumplimiento“.
Dijo que la dependencia será congruente con la determinación de la justicia federal. “Si nosotros estamos a favor de la aplicación de la ley, también nos exige la aplicación de la ley“.
La semana anterior, el Juzgado de Distrito resolvió en una primera etapa negar el amparo de “suspensión definitiva” contra la auditoría que la ASE pretende aplicar al ejercicio fiscal del 2023, por un monto de 898 millones de pesos.
Paris Peralta reiteró que la solicitud de información al ayuntamiento de Acapulco, para revisar la aplicación de los recursos del ejercicio 2023, no tiene “ningún tinte político“.
El auditor consideró que la “omisión” de la información no es “culpa de la titular, porque tiene asesores; ahí también son parte importante de este tema, porque una cosa es la auditoría de cumplimiento financiero que realizó la Auditoría Superior de la Federación“.
Pero “otra cosa muy diferente es la auditoría de inversión física que es la obra pública, la inversión física, que es el nombre técnico a los 898 millones 996 mil pesos del Fondo de Inversión Física Municipal, el Faismun, que no ha sido auditado”, insistió.
Mientras tanto, para la ASE, hay una “opacidad por el ayuntamiento de Acapulco, que la ley castiga“, porque implica una obstrucción a la fiscalización, con base en las atribuciones establecidas en la ley 468 de Fiscalización Superior.
