5 June, 2026
Buscan endurecer penas por falsificación digital y mal uso de la IA en Guerrero
La propuesta también contempla establecer penas más severas cuando estos delitos afecten a personas en situación de vulnerabilidad
Chilpancingo, Gro., 6 de octubre de 2025.– La diputada local Gloria Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Guerrero para reformar el Código Penal y endurecer las sanciones por la falsificación o alteración de documentos, tanto físicos como digitales, así como por el uso indebido de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial (IA).
La propuesta también contempla establecer penas más severas cuando estos delitos afecten a personas en situación de vulnerabilidad o sean cometidos por servidores públicos con acceso a tecnología o información privilegiada.
Sanciones más duras y adecuación a nuevas tecnologías
Durante su intervención en tribuna, la legisladora explicó que el uso masivo de tecnologías de la información ha facilitado la creación y alteración de documentos oficiales, identificaciones y archivos digitales con fines fraudulentos, lo que representa un problema creciente que requiere atención urgente.
Calixto Jiménez señaló que si bien el Código Penal estatal ya contempla delitos relacionados con la falsificación de documentos y delitos digitales, las sanciones actuales no están armonizadas ni reflejan la complejidad de los crímenes tecnológicos actuales. Por ello, propuso reformas a los artículos 349 y 350 del Código Penal de Guerrero.
La propuesta contempla penas de cuatro a ocho años de prisión y de cien a mil días de multa para quien falsifique o altere un documento, ya sea público o privado, por medios físicos, técnicos o tecnológicos.
Se plantea castigar con uno a diez años de prisión y multas de cien a cinco mil días a quienes generen: editen o falsifiquen archivos digitales, incluyendo imágenes, audios, textos o documentos elaborados con herramientas de inteligencia artificial.
La iniciativa contempla agravantes cuando el delito sea cometido por personas con conocimientos especializados en tecnologías de la información o por servidores públicos, así como si las víctimas son menores de edad, mujeres indígenas o rurales, adultos mayores o personas con discapacidad.
Finalmente, la diputada subrayó que es indispensable que las leyes evolucionen al ritmo de los avances tecnológicos, y que establecer con mayor claridad estos delitos contribuirá a garantizar la seguridad jurídica y digital de la población.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.
