Caso Teuchitlán: Confirman relación de UAGro con envío de guerrerenses a campos de exterminio

Por Juan José Belmonte Torres

Acapulco, Gro., 20 de marzo de 2024.- Por medio de un comunicado enviado ayer a medios afines, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) se deslindó del envío de trabajadores al rancho de Teuchitlán.

Sin embargo, el día de hoy el columnista Héctor de Mauleón desmintió dicha información y denunció el posible vínculo entre la UAGro y el envío de trabajadores a campos controlados por el crimen organizado.

De Mauleón publicó una investigación que vincula a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) con el envío de trabajadores a campos de entrenamiento y exterminio operados por grupos del crimen organizado.

De acuerdo con el reporte, el 16 de febrero de 2023, un grupo de 50 ciudadanos guerrerenses fue enviado a Jalisco para una supuesta capacitación en agricultura bajo el programa “Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos”.

Este proceso de reclutamiento fue promovido por la empresa Big Force Academy y tuvo la participación de autoridades municipales de Chilpancingo, Cocula, Huitzuco, Teloloapan y Acapulco, así como de la UAGro, cuyo coordinador de Cooperación Internacional, José Betancourt Villa, facilitó el convenio.

Según la información disponible, los trabajadores serían capacitados en Jalisco y Guanajuato para posteriormente obtener visas de trabajo H-2A y trasladarse a Estados Unidos. Sin embargo, testimonios recientes revelan que al menos uno de los grupos terminó en un rancho identificado como Izaguirre, ubicado en Jalisco, donde fueron privados de la libertad y sometidos a condiciones de explotación.

Dicho rancho ha sido identificado por colectivos de búsqueda de desaparecidos como un campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado, en el que recientemente la Fiscalía General de la República encontró restos óseos y más de 1,500 prendas de vestir.

Un trabajador que logró escapar relató que fueron obligados a firmar contratos abusivos, a entregar “cooperaciones” y que dos de sus compañeros que intentaron huir fueron brutalmente agredidos por hombres armados.

La situación solo se hizo visible cuando autoridades de seguridad intervinieron y los jornaleros pudieron percatarse de la verdadera naturaleza del sitio en el que se encontraban.

Las denuncias sobre este caso no son nuevas

Hace dos años, cuando se reportaron las primeras irregularidades, la entonces presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, aseguró que los ayuntamientos solo “cubrieron la cuota de trabajadores”, mientras que la UAGro se deslindó afirmando que solo “coadyuvó de buena fe” para facilitar una “migración segura”.

De igual forma según el columnista “la autora de la relación entre autoridades de Guerrero y Big Force Academy fue la controvertida alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López… tiempo después, durante una gira de trabajo por Florida, Abelina López constató “las buenas condiciones de trabajo que tenían jornaleros agrícolas en Plant City” y decidió poner en marcha un programa para llevar a aquel lugar a jornaleros agrícolas de Guerrero.”

Pese a la gravedad del caso, la situación parece repetirse, ya que actualmente se han detectado nuevas convocatorias en municipios como Cocula, Iguala y Chilpancingo, en las que nuevamente se promueve el reclutamiento de varones de 18 a 40 años bajo el mismo esquema. La UAGro sigue figurando entre las instituciones que respaldan estas iniciativas.

En sus redes sociales han publicado la convocatoria para marzo de 2025 del Big Force Academy en donde figura el logo de la UAGro, lo cual confirma que en su momento y en la actualidad siguen trabajando con este esquema de envío de trabajadores.

El columnista señala que la Fiscalía General de la República debe esclarecer el destino de los trabajadores que fueron enviados hace dos años a Jalisco y Guanajuato, ya que existe una lista con sus nombres que tiene en su posesión.

Mientras tanto, persiste la preocupación sobre la posible complicidad de la Universidad Autónoma de Guerrero y las autoridades municipales en estos hechos.