Dictan formal prisión a ex presidenta del TSJ de Guerrero por caso Ayotzinapa

Toluca, Estado de México, 22 de mayo de 2025 — Una jueza federal dictó auto de formal prisión contra Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

La resolución fue emitida por Raquel Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, quien consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó indicios suficientes para procesar a Galeana Marín por desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de la justicia.

La ahora procesada permanecerá internada en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, al menos durante la etapa inicial del procedimiento penal.

El defensor de Galeana, José Luis García Miranda, anunció que en breve presentará un recurso de apelación contra el fallo y, de manera paralela, solicitará una audiencia para pedir libertad provisional o prisión domiciliaria.

La acusación se centra en una supuesta omisión de la ex magistrada, que habría ocasionado la pérdida, ocultamiento o destrucción de las grabaciones de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, captadas entre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente. Dichos videos podrían haber registrado el momento en que policías locales interceptaron uno de los autobuses que transportaban a los normalistas.

Sin embargo, la defensa cuestionó el auto de formal prisión, al argumentar que no existe constancia de que Galeana Marín hubiera tenido conocimiento de la existencia de dichos videos. Según informó el propio TSJEG a la jueza, “no existe documento alguno que acredite que Galeana Marín hubiese sido informada” sobre los archivos visuales mencionados.

Además, los técnicos en sistemas Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe declararon a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que el 27 de septiembre de 2014 intentaron guardar las grabaciones en una memoria USB, sin éxito, debido a que los archivos estaban dañados.

Uno de ellos también señaló que intentó hasta en cuatro ocasiones resguardar el material en un disco duro, pero los archivos no pudieron ser recuperados, presuntamente por fallos eléctricos que dañaron el sistema.

“Eso acredita que nunca tuvo conocimiento de estos hechos, le imputan una conducta dolosa, sin embargo, no hay señalamiento de ninguna persona en su contra, se entera de esos videos hasta el 14 de julio de 2015, nueve meses después de los hechos, cuando se presenta el Ministerio Público Federal y le pide autorización para hacer una inspección y se lleva el disco duro”, declaró el abogado García.