4 June, 2026
Diputada propone elevar a rango constitucional el derecho a una vivienda digna en Guerrero
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
Chilpancingo, Gro., 25 de febrero de 2026.– La diputada Erika Lorena Lührs Cortés propuso reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Guerrero para reconocer de manera explícita el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Con esta iniciativa, la legisladora busca establecer la obligación del Estado de garantizar el acceso progresivo a una vivienda segura, que cuente con servicios básicos, infraestructura adecuada y condiciones que promuevan el bienestar de las familias.
La propuesta también contempla que las viviendas cumplan con criterios de inclusión y desarrollo integral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los guerrerenses.
De aprobarse, el Estado deberá implementar políticas públicas que aseguren que todas las personas puedan acceder a un espacio habitable que garantice seguridad, salud y desarrollo social.
La propuesta, presentada en la sesión de la Comisión Permanente este miércoles y turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis, busca establecer instrumentos y apoyos más precisos para que toda persona pueda ejercer de manera efectiva el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
La diputada enfatizó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, pero este derecho no debe relacionarse únicamente con perfiles económicos que permitan acceder a ella, sino que debe considerarse la posibilidad de que el Estado haga valer este derecho social por encima de factores económicos.
Agregó que también deben considerarse los perfiles socioculturales, así como las características de vivienda digna y adecuada para cada persona, núcleo familiar o comunidad, sin afectar los intereses de esta.
Recordó que, en las últimas décadas, el derecho a la vivienda se promovió como un derecho social asociado al endeudamiento para acceder a una propiedad; sin embargo, con el paso del tiempo, muchos factores nacionales e internacionales, como las finanzas, los créditos, la estabilidad política o social y los efectos inflacionarios, han incidido en ese acceso.
Por ello, consideró necesario establecer mecanismos que faciliten que las y los jóvenes, así como las personas en situación de vulnerabilidad, puedan adquirir una vivienda digna y adecuada.
Iniciativas
La diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena) presentó una iniciativa por la que se reforma la fracción IV, del artículo 22 y se adiciona el artículo 22 Bis a la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, para fortalecer los criterios de planeación, contratación y supervisión de las obras públicas, garantizando mayor transparencia, eficiencia en el uso de los recursos públicos y mejores mecanismos de control que aseguren calidad, legalidad y beneficio social en la ejecución de infraestructura en la entidad. Fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
La diputada Ma. Guadalupe Eguiluz Bautista (Morena), propuso adicionar un tercer párrafo al artículo 49 de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, para garantizar intérpretes o traductores en lengua indígena en los procesos de evaluación y control de confianza, asegurando la comprensión plena, la validez del consentimiento y el respeto a los derechos de las personas indígenas, sin alterar los estándares nacionales. Fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública.
Para que se amplíen y especialicen las comisiones de las Regidurías, con el fin de fortalecer la supervisión de la administración municipal, mejorar la distribución de responsabilidades y reforzar la transparencia mediante la presentación y publicación de informes trimestrales, el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) propuso reformas y adiciones a diversas fracciones del artículo 59 y se adiciona un artículo 113 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado. Fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.
El diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena) propuso reformas y adiciones a la Ley 1256 para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en Entorno Escolar del Estado de Guerrero, para fortalecer el marco jurídico estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia en los centros educativos, incorporando mecanismos de coordinación interinstitucional, protocolos de actuación inmediata, medidas de protección eficaces y procedimientos claros que garanticen el interés superior de la niñez. Fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
La diputada Leticia Mosso Hernández, del Partido del Trabajo (PT), propuso reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y permitir que las personas candidatas a presidencias municipales también se postulen a regidurías por el principio de representación proporcional.
La iniciativa plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 11 de dicha ley, con el objetivo de establecer esta posibilidad como una excepción dentro del proceso electoral.
De acuerdo con la propuesta, esta medida permitiría ampliar las oportunidades de participación política y garantizar una mayor inclusión de perfiles en los ayuntamientos, incluso cuando no obtengan el triunfo en la elección de presidencias municipales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
El diputado Jesús Parra García (PRI) presentó una iniciativa de reforma a los artículos 9, 10, 16, 18, 21, 56, 57 y 58, y adición los artículos 3 Bis y 4 Bis, así como un tercer párrafo al artículo 22 y un Capítulo Quinto Bis denominado “De los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas” de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, para armonizar con los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, incorporar de manera transversal la perspectiva de género, fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción, y garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la actuación del Ejecutivo estatal. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos
