5 June, 2026
Invalida SCJN ley sobre autismo en Guerrero por falta de consulta a personas con discapacidad
La ley, aprobada por el Congreso de Guerrero el pasado 12 de junio de 2024, fue dictaminada en sentido positivo por la Comisión de Salud
Ciudad de México, 08 de abril del 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválido el decreto por el que se expidió la Ley Número 832 para la Atención, Inclusión y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista en el estado de Guerrero, debido a que no se garantizó una participación real de las personas con esta condición durante el proceso legislativo.
La ley, aprobada por el Congreso de Guerrero el pasado 12 de junio de 2024, fue dictaminada en sentido positivo por la Comisión de Salud bajo el argumento de que era indispensable armonizar el marco jurídico local con la Ley General aprobada en 2011.
Sin embargo, la SCJN concluyó que el procedimiento legislativo no cumplió con los estándares de consulta establecidos en instrumentos internacionales. En un comunicado, el máximo tribunal señaló que “hubo acciones tendentes a consultar a las personas con discapacidad en el Estado de Guerrero, donde no se cumplieron los estándares contemplados en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Asimismo, la Corte indicó que el Congreso local “no acreditó que la convocatoria fuera abierta al público, incluyente y accesible, de forma que las personas con condición del espectro autista pudieran participar de manera significativa”.
Por unanimidad, el Pleno de la SCJN determinó la invalidez total del decreto, decisión que surtirá efectos a los doce meses siguientes a la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de Guerrero. Durante ese plazo, el Poder Legislativo estatal está vinculado a realizar una consulta adecuada y emitir una nueva legislación que cumpla con los estándares de participación e inclusión establecidos por la Convención.
Esta resolución marca un precedente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y refuerza la obligación de las autoridades legislativas de garantizar procesos participativos, accesibles e inclusivos.
