4 June, 2026
Ordena Juzgado en materia administrativa al Ejército entregar información completa de inteligencia sobre el caso Ayotzinapa
Revelan la existencia de más de 800 folios que no habrían sido entregados por el Ejército Mexicano, y que constituía una obstrucción por parte de las autoridades castrenses para la investigación
Francisca Santiaguez
Chilpancingo, Gro., 4 de marzo de 2026.– El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a doce años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) la entrega de la totalidad de la información de inteligencia generada durante el 2014 sobre el caso.
El Poder Judicial Federal pide entregar específicamente 853 folios generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, sobre el caso Ayotzinapa.
Lo anterior al resolver el juicio de amparo 1350/2023, como consecuencia de la demanda promovida en agosto de 2023 por los abogados de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Ayotzinapa, durante la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Los padres denunciaron que las autoridades castrenses omitieron entregar todos los reportes de inteligencia generados durante los hechos, en particular aquellos relacionados con la desaparición de los normalistas.
En las movilizaciones, abogados y padres han informado que los efectivos del 27 batallón de la Defensa con sede en Iguala guardan información clave que pueda llevar al paradero de los estudiantes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló, en su informe antes de su salida en 2023, que el Ejército Mexicano no entregó más de 800 folios.
Los expertos consideraron que esta omisión representaba una obstrucción por parte de las autoridades castrenses a la investigación.
El 19 de febrero, el órgano jurisdiccional determinó que existe una brecha aproximada de 853 folios del CFRI que las autoridades no han proporcionado, y consideró que resulta necesaria para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad.
La sentencia establece que la falta de continuidad en los documentos no acredita su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares, por lo que deben entregarla.
Los padres de familia demandaron el incumplimiento del Decreto Presidencial de 2018 que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
De acuerdo con la información emitida por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña (Tlachinollan), los padres de familia señalaron directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente a sus instancias de inteligencia, por el ocultamiento de los documentos.
El GIEI documentó en su investigación que tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, sobre el seguimiento a los estudiantes antes, durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Sin embargo, los folios entregados estaban incompletos, lo que evidenció documentación faltante presuntamente retenida por la institución militar.
El juzgado también estableció que la información no puede clasificarse como confidencial o secreta, dado el interés preponderante de las víctimas y de la sociedad en conocer la verdad sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
En el mismo proceso, un Tribunal Colegiado ya había ordenado en septiembre de 2023 al Ejército abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier información relacionada con el caso.
