Presentan iniciativa para que en 10 días se dicten medidas en casos de violencia de género

Chilpancingo, Gro., 01 de mayo de 2024.- La diputada Jennyfer García Lucena presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para establecer un plazo específico de 10 días para que la autoridad electoral administrativa del estado dicte medidas cautelares ante quejas y/o denuncias presentadas por violencia política en razón de género contra las mujeres.

Al exponer desde tribuna los motivos de su iniciativa, la legisladora refirió que lo que se pretende es establecer un plazo en la etapa de instrucción, con la finalidad de que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero tenga la oportunidad de emitir una resolución en breve, garantizando con ello una tutela jurisdiccional plena. 

Lo anterior, precisó, es porque la violencia política en razón de género contra las mujeres es un problema social que violenta los derechos políticos electorales, que se manifiesta de diversas maneras, desde la intimidación hasta la exclusión deliberada de espacios de decisión, lo que impide la igualdad sustantiva y atenta contra la democracia paritaria.

“Es importante establecer un plazo para la implementación de medidascautelares porque con esto se garantiza la existencia y el restablecimiento del derecho que se considera afectado, con el objeto de conservar la materia del litigio y evitar un daño irreparable a las partes y a la misma sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento”, abundó.

Mencionó que si bien es cierto ya existen mecanismos para erradicar la violencia política de género, las autoridades administrativas-electorales no actúan de manera oportuna, e incluso hay casos en los que tardan meses en admitir las quejas presentadas, excusándose en que se realiza la investigación para tener más elementos y poder admitir las denuncias, y con ello dictar las medidas cautelares correspondientes.

García Lucena agregó que el hecho de no dictarse medidas cautelares de manera inmediata en un proceso legal por violencia política de género,conlleva serias repercusiones en la seguridad de las mujeres, desincentivos para su participación política, perpetuación de la impunidad, deterioro de la democracia, daño a la reputación de las instituciones y violación de los derechos humanos.

Por todo lo anterior, reiteró que es importante modificar la ley en mención para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres, y favorecer su mayor participación en espacios de poder y toma de decisiones. 

Esta iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.