Proponen exentar cobros por recuperación de vehículos a víctimas de delitos en Guerrero

Chilpancingo, Gro., 07 de agosto de 2025.- La diputada Diana Bernabé Vega, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley 450 de Víctimas del Estado de Guerrero, con el objetivo de que las personas que hayan sufrido el robo de un vehículo no tengan que pagar por conceptos como grúa, arrastre, depósito o almacenaje cuando la unidad sea recuperada por las autoridades.

La legisladora destacó que esta reforma busca atender una problemática persistente en Guerrero, donde las víctimas deben asumir gastos de recuperación aun cuando no solicitaron el traslado o resguardo del vehículo. Aseguró que esta práctica constituye revictimización secundaria y vulnera principios como el acceso a la justicia y la no discriminación.

Reforma a la Ley 450

La propuesta consiste en adicionar una fracción V al artículo 46 de la Ley 450, para que cuando un vehículo sustraído sea localizado y se ordene su devolución dentro de una carpeta de investigación, el propietario o poseedor legítimo esté exento de cualquier pago por servicios logísticos. Dichos costos serían cubiertos por el Estado, como parte de su responsabilidad constitucional de garantizar el acceso gratuito a la justicia.

El texto propuesto establece:

“Tratándose de víctimas relacionadas a un delito en que exista sustracción, aseguramiento o depósito de vehículo, cuando se ordene su devolución por intervención de las autoridades en el contexto de una carpeta de investigación, la entrega del bien estará exenta de pago económico por concepto de grúa, arrastre, depósito, almacenaje o cualquier otro servicio relacionado. El Estado establecerá en sus Presupuestos de Egresos el pago de tales servicios…”.

Armonización con la Ley General de Víctimas

Bernabé Vega señaló que esta modificación busca cerrar vacíos legales que permiten prácticas injustas y afectan a sectores vulnerables, debilitando la confianza en las instituciones de justicia. Asimismo, precisó que la medida armoniza la legislación estatal con lo dispuesto por la Ley General de Víctimas y con los estándares constitucionales.