¿Puede la gobernadora Evelyn Salgado destituir a la Fiscal de Guerrero?

Acapulco, Gro., a 14 de marzo de 2024.- El artículo 142, numeral 7, faculta a la titular del Ejecutivo del estado, remover a la o al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), por “causas graves previstas en la Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero’.

Lo anterior luego de que, quien fuera hasta titular de la Fiscalía guerrerense, Sandra Luz Valdovinos Salmerón advirtió que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso local, sobre la decisión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Este mediodía la titular del Ejecutivo estatal, anunció la remoción de la funcionaria, con base a lo que la ley le faculta.

El numeral 7, del artículo 142 de la Constitución Política estatal refiere: “El Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador (a) del Estado por las causas graves previstas en esta Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

Además, de cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales.

Titular de la FGE pudo incumplir en disposiciones federales

Se prevé que la titular de la FGE, también habría incumplido con diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su artículo 68 señala “los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro”.

Lo anterior con la finalidad de “obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.”

Además, incumplió en los términos de los artículos 131, 149 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no ordenar la detención de los policías involucrados en el asesinato del estudiante normalista Yanqui Kohtán Gómez Peralta.

También, diversas organizaciones han cuestionado su desempeño, sobre resultados concretos en la reducción de los índices delictivos y de lograr avances significativos en la resolución de casos de alto impacto.