4 June, 2026
Recibe Congreso local solicitud de desafuero contra un servidor público de elección popular
Los diputados de la Comisión Instructora y de la Junta de Coordinación Política se negaron a revelar la identidad del servidor público que la FGE solicitó desaforar
Chilpancingo, Gro., 01 de abril de 2025.- La agente del Ministerio Público Margarita Azucena Sánchez Gutiérrez, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), presentó al Congreso local un oficio de “declaratoria de procedencia”, cuya finalidad es que se inicie un juicio político contra un servidor público de elección popular.
El documento fue presentado este martes durante la sesión del pleno del Congreso local y turnado por la Mesa Directiva a la Comisión Instructora del Poder Legislativo.
Los legisladores locales determinaron mantener la identidad del funcionario en “secrecía”, para no violar el debido proceso ni entorpecer la investigación ministerial.
El recurso enlistado en el Orden del Día de la sesión inconformó a la diputada Leticia Mosso Hernández, integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), “porque no se ha socializado la información” del caso, dijo.
Los diputados de la Comisión Instructora y de la Junta de Coordinación Política se negaron a revelar la identidad del servidor público que la FGE solicitó desaforar.
A la Secretaría de Servicios Parlamentarios llegó una carpeta “sellada” con la petición de “declaratoria de procedencia”, cuyo contenido sólo conocerá la Comisión Instructora que encabeza el diputado Arturo Álvarez Angli, del PVEM.
El artículo 27 de la Ley 760 de Responsabilidades Políticas, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero establece que la “declaratoria de procedencia” es necesaria para el “ejercicio de la acción penal” contra algún “servidor público”.
También se indica que la Comisión Instructora tiene un plazo de 60 días hábiles para dictaminar sobre el caso, pero si la “imputación fuese notoriamente improcedente”, deberá informar de inmediato al pleno del Congreso local.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jesús Urióstegui García, informó que los integrantes del órgano acordaron la “secrecía” y “resguardo de la información” por “la responsabilidad que conlleva”.
