Guerrero

Van por tope de renta a viviendas en Guerrero

La diputada Diana Bernabé Vega propuso que los incrementos por renta de viviendas se ajusten al índice de inflación determinado por el Banco de México

Van por tope de renta a viviendas en Guerrero
César García Durán
octubre 08, 2024 1:16 am

Chilpancingo, Gro., 7 de octubre de 2024.- La diputada Diana Bernabé Vega propuso reformar el Código Civil del Estado para que los incrementos por renta de viviendas se ajusten al índice de inflación determinado por el Banco de México (Banxico) y proteger de aumentos desproporcionados a los arrendatarios.

Al exponer los motivos de su iniciativa, la legisladora de Morena señaló que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un reto cada vez más difícil de afrontar por miles de guerrerenses, especialmente en Chilpancingo, donde el aumento acelerado y descontrolado de las rentas de cuartos, departamentos y casas ha generado una presión económica significativa en los hogares, afectando principalmente a trabajadores con salarios mínimos, estudiantes, madres solteras y adultos mayores.

Datos de Banxico

La diputada refirió que de acuerdo con datos del Banxico, la inflación tiene fluctuaciones significativas en los últimos años, lo que afecta de manera directa los costos de bienes y servicios esenciales, y al no existir una regulación adecuada que establezca límites claros, se imponen incrementos desproporcionados que generan un impacto negativo en la estabilidad económica de los arrendatarios.

Además, añadió que esta propuesta busca proteger a los arrendatarios de incrementos desproporcionados que no reflejan la realidad económica del país, y que en muchos casos superan la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

“El incremento descontrolado de las rentas genera una cadena de efectos adversos, como desplazamiento forzado, aumento de la pobreza urbana, deterioro de las condiciones de vida y mayor desigualdad social”, indicó.

Por lo anterior, Bernabé Vega llamó a sus homólogos y homólogas a aprobar esta iniciativa porque representa un paso fundamental en la protección de los derechos económicos y sociales de las y los ciudadanos, particularmente de Acapulco, Chilpancingo e Iguala.

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