Condenan juzgadores solicitud de juicio político contra juez de Tamaulipas
La Jufed afirma que la liberación del líder criminal ‘La Kena’ ocurrió por “la deficiente actuación de la FGR” y no por una mala práctica del juez Crescencio Contreras
Ciudad de México, 31 de enero del 2024.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación condenaron la solicitud de un juicio político interpuesto por la Secretaría de Gobernación (Segob) contra un juez de Tamaulipas.
Juzgadoras y Juzgadores Federales (Jufed) afirmaron que el juez de Distrito de Tamaulipas, Crescencio Contreras, actuó con absoluto apego a la ley en el caso de la liberación de José Alberto García, alias La Kena.
¿Qué hizo el juez en el caso de La Kena?
Autoridades detuvieron a La Kena por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada para colaborar al fomento de delitos contra la salud así como por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Ambos delitos, en relación a un cateo en el que se encontraron dos armas de fuego largas y presunta cocaína.
Durante la audiencia inicial a ‘la Kena’ se le imputó por esos únicos delitos, pero la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo acreditar que la delincuencia organizada tuviera como fin la venta de drogas, por lo que no se pudo vincular a proceso al sujeto.
Asimismo, señalaron que si la resolución resultó favorable para el sujeto, ocurrió por “la deficiente actuación de la Fiscalía General de la República”.
Los jueces federales enfatizaron que Crescencio Contreras actuó única y exclusivamente basándose en los datos de prueba que obran en autos, sin tomar en consideración criterios políticos ni presiones externas.
Precisaron que la Constitución otorga al Consejo de la Judicatura Federal la responsabilidad de vigilar, y en su caso, sancionar las actuaciones de los jueces cuando no se apeguen a derecho.
“La solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al Poder Judicial porque ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras”, indicó la Jufed.