Detectan riesgos de infiltración criminal en elecciones judiciales de 2025

La elección judicial programada para el 1 de junio enfrenta un creciente escrutinio luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, admitiera que al menos 20 aspirantes al Poder Judicial Federal tendrían vínculos con el crimen organizado.

Una revisión aleatoria de candidatos a jueces y magistrados en 19 entidades reveló que varios tienen antecedentes polémicos. Organizaciones como Defensorxs señalaron casos como el de Silvia Rocío Delgado García, aspirante en Chihuahua, quien en 2016 defendió al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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También destaca Erik Salvador Nevarez Estrada, postulado en Chihuahua, acusado de liberar a “El Cumbias”, presunto líder del Cártel de Sinaloa implicado en una masacre. Óscar Sámano Alarcón, actual juez en Cuautitlán, fue criticado tras dejar en libertad a un presunto agresor sexual y a responsables de un ataque en un bar.

El perfil político de algunos aspirantes también genera alarma. Pedro Chávez Guzmán y Miguel Prado Morales, candidatos en Michoacán, fueron funcionarios estatales y, en el caso de Prado, alcalde señalado por presuntos nexos criminales.

Además, la plataforma Lupa Judicial, desarrollada por EL UNIVERSAL, identificó a más de 200 aspirantes locales y federales con antecedentes de corrupción o vínculos con grupos de poder fáctico.

Según México Evalúa, entidades como Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo presentan un riesgo alto o muy alto de que el crimen organizado infiltre el sistema judicial.