Impondrá México impuesto del 8% a videojuegos con contenido violento

Ciudad de México, 09 de septiembre del 2025.- El gobierno federal incluyó en el Paquete Económico 2026 una propuesta para aplicar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, no aptos para menores de 18 años. La medida contempla una tasa de 8% sobre las ventas físicas y los servicios digitales de acceso o descarga, incluso si provienen de empresas extranjeras sin establecimiento en el país.

Medida preventiva para proteger a menores

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa al subrayar que no busca prohibir la adquisición de videojuegos, sino reducir el acceso de niños y adolescentes a títulos clasificados como C y D.
“No tiene la finalidad de prohibir su adquisición, sino de ser un instrumento que cumple con una función inhibitoria en su consumo”, expuso en el documento entregado a la Cámara de Diputados.

Consumo de videojuegos violentos en México

Según un estudio de The Competitive Intelligence Unit citado en la propuesta, los géneros de acción/aventura, estrategia y disparos son los más populares en el país, y cuatro de los cinco juegos más demandados desde 2021 pertenecen al género de violencia.

La Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024 detalla que el 26% de los jugadores en México consume videojuegos de disparos y el 25% de peleas. En el caso de niñas y niños, 17% juega títulos de disparos y 26% de peleas.

Incentivar un consumo más informado

En la exposición de motivos se explica que el impuesto busca “incentivar una reflexión por parte del consumidor respecto a la naturaleza del contenido que adquiere y consume… y promover un consumo más informado”.

El gobierno federal argumenta que, pese a los mecanismos de clasificación, los menores logran obtener juegos con contenido extremo mediante descargas digitales, superando el control de los adultos.

Impacto en el mercado de videojuegos

La industria de videojuegos en México superó los 2 mil 300 millones de dólares en 2024 y colocó al país como el principal mercado en América Latina. Con esta medida, el gobierno pretende equilibrar el crecimiento del sector con acciones de protección a la infancia y adolescencia.