Investiga FGR a jueces por otorgar suspensiones contra Reforma Judicial

Ciudad de México, 01 de noviembre del 2024.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió múltiples carpetas de investigación contra jueces y magistrados que otorgaron suspensiones a la reforma judicial, por posible abuso de autoridad.

Estas investigaciones, según fuentes judiciales consultadas por EL UNIVERSAL, fueron impulsadas a partir de denuncias presentadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

A través de correos electrónicos, la FGR ha solicitado a los jueces copias de los expedientes relacionados con las suspensiones otorgadas, notificándoles también sobre las investigaciones en su contra. Jueces y magistrados afectados consideran estas medidas como una forma de presión para alinear sus resoluciones a los intereses del gobierno, una práctica, señalan, que podría ser propia de sistemas autoritarios.

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Para que proceda una consignación penal contra un juez, es necesario un proceso de desafuero por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual debe determinar primero si existe una responsabilidad administrativa. Actualmente, los jueces penales, que son parte de la carrera judicial, mantendrían dicha protección.

Además de las investigaciones penales, se están presentando quejas administrativas ante el CJF por presuntas faltas disciplinarias. Este proceso está en manos de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que podría derivar en sanciones o incluso destituciones si se considera una falta grave. Según fuentes judiciales, esta unidad está compuesta por tres consejeros vinculados al gobierno actual.

Ante la situación, algunos jueces y magistrados han recurrido a las Relatorías de Naciones Unidas para solicitar medidas cautelares que protejan su independencia judicial y eviten lo que perciben como una persecución política.

En días previos, Ernestina Godoy, consejera Jurídica de la Presidencia, confirmó en conferencia de prensa que el gobierno federal presentará denuncias contra jueces que hayan otorgado amparos en contra de la reforma judicial. Según las fuentes, existen alrededor de 170 suspensiones otorgadas, con lo cual estarían involucrados aproximadamente entre 20 y 30 jueces.

La situación podría agravarse con la próxima reestructuración judicial. En 2025, se prevé la sustitución del CJF por un nuevo Tribunal de Disciplina, que podría facilitar acciones administrativas y penales más severas contra jueces que no se ajusten a los lineamientos de la reforma judicial.

Para proceder penalmente contra un juez, el Consejo actual debe avalar la separación del cargo, detallan las fuentes. Sin embargo, prevén que el nuevo Tribunal de Disciplina de 2025 aumente la posibilidad de sanciones contra quienes otorguen suspensiones contrarias a los intereses del sistema, lo que podría abrir la puerta a una “persecución política”.