Piden investigar como trata caso de ‘adopción’ de gobernador de NL
Ciudad de México.- La organización Save The Children pidió que se investigue el caso de la convivencia entre el gobernador de Nuevo Léon, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, con un niño de una casa hogar. “Legalmente, el caso debe investigarse, con la participación de las autoridades federales, dada la concurrencia que existe en […]
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Ciudad de México.- La organización Save The Children pidió que se investigue el caso de la convivencia entre el gobernador de Nuevo Léon, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, con un niño de una casa hogar.
“Legalmente, el caso debe investigarse, con la participación de las autoridades federales, dada la concurrencia que existe en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes”, señalaron.
A través de su cuenta de Twitter, Save The Children aseguró que pudo haberse cometido el delito de trata de personas pues fue expuesto en redes sociales con fines políticos y económicos, ya que Mariana Rodríguez publicó diversas historias en su cuenta de Instagram para resaltar el hecho.
“Puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales”, señalaron.
De acuerdo a la organización, el niño quedó expuesto y fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como el derecho a la vida privada, a la identidad, así como otros relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León también se manifestó al respecto y solicitó al DIF estatal a proteger la identidad de menores de edad, así como garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales.
En una carta dirigida al director del DIF, Miguel Ángel Sánchez Rivera se solicitó tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la intimidad y protección de los menores que se encuentran bajo resguardo de la institución.
“Además, la CEDHNL añadió que deberían adoptar un Programa de Capacitación para las personas servidoras públicas que laboran directamente en espacios donde son atendidos los menores de edad, sobre el respeto a los derechos humanos”, se lee en la postura compartida en Twitter.