Ser niño en México: avances y retos para la garantía de sus derechos

Ciudad de México, 30 de abril del 2024.- Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el 30 de abril, Día del Niño, es una fecha clave para la reivindicación de la condición de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de Derecho. 

De igual forma, diversas ONG e instituciones hacen hincapié en las diversas problemáticas a resolver en México para garantizar el cumplimiento de los derechos y bienestar de dicho sector poblacional.

¿Qué retos enfrenta México para garantizar los derechos de los niños?

En años recientes, los legisladores alertaron sobre la necesidad de reformar la Ley Federal del Trabajo a fin de erradicar el trabajo infantil en el país, pues esto plantea una crisis humanitaria en el territorio mexicano. El INEGI identifica que actualmente hay más de 3.7 millones de niños y adolescentes trabajando en el país. Esto sitúa a México como el país con mayor incidencia del trabajo infantil en América.

Ante este contexto, algunos legisladores, entre ellos, Isaúl Moreno, subrayan la necesidad de redireccionar las políticas a nivel nacional para evitar la deserción escolar y mitigar el trabajo infantil. A fin de garantizar el acceso a la educación, salud, alimentación y vivienda digna de dicho sector.

Por otra parte, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México y Fundación JUCONI, remarcan la necesidad de reforzar la lucha contra la violencia sexual contra niños y adolescentes. Pues en el país, este es uno de los principales delitos contra las infancias, mismo que ha crecido progresivamente en los recientes años.

Estas instituciones describen que entre 2020 y 2021 los casos de violencia sexual en México crecieron un 35.4% en Puebla. Aunado a ello, advierten estas cifras podrían ser mayores, pues una gran cantidad de casos no se denuncian. Dada la deficiencia de los servicios de atención y respuesta en casos de violencia sexual contra menores, dichas instituciones urgen a generar políticas y protocolos sobre atención sexual, para tener una respuesta eficaz y garantizar la protección de niños y adolescentes.

A su vez, como parte de la conmemoración del Día de la Niñez, REDIM hizo un llamado a las autoridades para garantizar entornos escolares saludables. Pues a juicio del ente, los derechos básicos a una alimentación adecuada y acceso a agua potable, son ignorados y violentados por el estado. Lo cual, argumentan, derivan en epidemias de diabetes, obesidad y desnutrición, generando una crisis de salud pública. Para sustentar este señalamiento, REDIM refiere que actualmente 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes viven con sobrepeso y obesidad y 1 de cada 2 vivirá con diabetes.

En relación con ello, la entidad asevera, el entorno escolar contribuye a la epidemia infantil de diabetes. Ya que se ha comprobado, más del 80% de las escuelas del país incumplen con las regulaciones obligatorias de alimentación saludable. De acuerdo con datos de la plataforma MI Escuela Saludable, 79% de las escuelas en el país venden refrescos, mientras, 98% venden golosinas o frituras.

De modo que menos del 4% de las instituciones de los niveles básicos cumplen con las disposiciones de Ley General de Educación. A través de los cuales se prohibió la venta, preparación y distribución de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional. Por lo cual, REDIM hace un llamado al estado para proteger, defender, respetar y cumplir el derecho a la alimentación adecuada. Sin dejar de reconocer los avances alcanzados en materia legislativa en torno a la garantía de dichos derechos.

Cabe destacar, UNICEF reconoce que México es un país destacado por ratificar la mayoría de los tratados internacionales en materia de derechos, incluyendo los competentes a niños y adolescentes. Junto con ello, afirman, el país ha generado una tendencia positiva y favorable en cuanto al cumplimiento de los instrumentos internacionales. Mas, exhortaron a las autoridades del país a rectificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Al considerar, mediante este protocolo facultativo, el país podría “dar un paso significativo y fecundo para reforzar la protección de niños y adolescentes”.