Tren Maya combate a jaguares y venados como fauna “nociva”; paga por ahuyentarlos y hasta sacrificarlos
La contratación de una empresa para el manejo de fauna nociva, incluye la captura, reubicación y hasta el sacrificio de especies endémicas en peligro de extinción
El Tren Maya, emblemático proyecto del gobierno de la Cuarta Transformación, ha dado de qué hablar no solo por su impacto en la infraestructura y el desarrollo regional, sino también por las decisiones tomadas en torno al manejo de la fauna silvestre en su área de influencia.
Bajo la justificación de garantizar la seguridad y eficiencia operativa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Tren Maya, S.A. de C.V. han optado por un enfoque polémico: la contratación de una empresa para el manejo de fauna nociva, que incluye la captura, reubicación y hasta el sacrificio de especies endémicas en peligro de extinción como el jaguar, el tapir y el venado.
Este acuerdo, plasmado en el contrato TM-CGRMSG-SVS-0200/204, define a estas especies como una amenaza para la operatividad del tren, considerando su presencia un riesgo para la infraestructura y los pasajeros.
La empresa Susoma Soluciones Ambientales será responsable de ejecutar medidas como el ahuyentamiento mediante pirotecnia, trampas y el uso de dardos tranquilizantes para ejemplares grandes, sin dejar de lado la posibilidad de recurrir al sacrificio en caso de que las medidas no sean suficientes.
Lo más preocupante es que el contrato establece que, bajo la NOM-033-SAG/ZOO-2014, se permita el sacrificio de animales para garantizar su bienestar, algo que choca con la legislación que protege a las especies en peligro.
Además, el proyecto no solo pone en peligro a la fauna, sino también plantea serias dudas sobre el trato ético hacia los animales y el impacto ambiental a largo plazo.
Aunque el contrato estipula que se deben respetar los derechos de los animales y seguir las normativas internacionales y nacionales, la prioridad parece ser la operatividad del tren.
El costo de este servicio de “control de fauna” asciende a más de 9 millones de pesos, lo que plantea la pregunta sobre si este gasto está justificado por los posibles impactos que podría generar en un ecosistema ya vulnerable.