Amenaza inminente

Bajo fuego

José Antonio Rivera Rosales

La reciente visita del secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval González,
y de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez Velazquez, constituye en los hechos
una reacción del gabinete federal ante los hechos violentos que han sacudido a Guerrero,
que han tenido resonancia en todo el país.

No es para menos.

La violencia recrudeció como consecuencia de procesos de expansión de los grupos criminales que pugnan por capturar mayor territorio lo que, a su vez, se traduce en una ampliación del mercado extorsivo que se ha convertido en la principal fuente de lucro de los delincuentes, con el consecuente daño para la población civil.

Resulta claro que la violencia criminal sigue escalando en territorio guerrerense con un patrón que mucho se parece al terrorismo.Es por eso que los titulares del gabinete federal de seguridad, marcadamente el secretario de la Defensa, se percataron de que la violencia criminal ha escalado entre las bandas armadas, lo que amenaza con salirse de control.

Para dejarlo más claro: algunos de los grupos delictivos con asiento en Guerrero han comenzado a utilizar tácticas terroristas con el fin de controlar población y territorios de su interés, razón por la cual de ninguna manera se van a someter ante las autoridades civiles.

Este accionar hace presuponer que cuentan con algún tipo de asesoría por parte de mercenarios militares, lo que genera la percepción de que los conflictos entre bandas armadas podrían derivar en un escenario como el de Centroamérica en la década de los setentas y parte de los ochentas.

O como en Chiapas, cuando en el 94 emergió el EZLN -que, por cierto, recién dio señales de vida con un comunicado bastante agresivo contra el presidente López Obrador-.

La visita del secretario de la Defensa así como de otros funcionarios del gobierno federal constituye claramente un respaldo político del presidente de la república al gobierno de Evelyn Salgado, con todo lo que ello significa, particularmente después del desastre causado por el huracán Otis.

Esa violencia exacerbada es generada por el grupo delictivo conocido como La Familia, que ha incursionado con éxito en la Costa Grande y en la regiones centro y norte del estado, además de que se acerca peligrosamente a Acapulco. Es, pues, la formación delincuencial con mayor presencia territorial en Guerrero.

Si, como apuntan algunas versiones creíbles, existe algún tipo de alianza entre La Familia y el grupo conocido como Cartel Independiente de Acapulco (CIDA) -versiones que han proliferado en el submundo de la delincuencia organizada- entonces estamos ante una escalada cuyo teatro de operaciones serían las calles de Acapulco, con todo lo que ello implica.

De hecho ya se conocen informaciones preliminares que apuntan a que células de La Familia estarían operando en Coyuca de Benítez e inclusive en la zona poniente de Acapulco. ¿Cuánto falta para que se desplacen al interior del puerto?

El caso es que serían dos grupos aliados, e igual de violentos, los que se confrontarían con la formación conocida como Los Rusos, que estaría a dos fuegos. El grupo de los Rusos, con todo, es el que cuenta con mayor preparación y arsenal, a juzgar por lo poco que se conoce de ellos.

Si este escenario es real -y todo apunta a que lo es- entonces los tres grupos se estarían
confrontando en las calles de Acapulco mientras la población indefensa quedaría a merced de uno u otro, porque todos exigen la cuota a comerciantes ricos y pobres, que ya no saben cómo librarse de esta plaga mortal.

El caso es que las amenazas del crimen organizado provocaron el repliegue de los transportistas en Acapulco y, después, en Chilpancingo, Taxco y Zihuatanejo, es decir, en las ciudades más importantes de Guerrero.

El gobierno del estado, en coordinación con las Fuerzas Armadas, tuvo que habilitar sus vehículos de traslado de personal como unidades de transporte público para ayudar a los ciudadanos -decenas de miles-, que resultaron afectados por la suspensión del transporte.

Aunque fue una medida criticada por los inconformes de siempre, resultó ser una gran ayuda que mitigó en algo la crisis del transporte, que afectó a trabajadores y estudiantes sobre todo en el puerto de Acapulco, que concentra la cuarta parte de la población total del estado.

Quedó entonces al descubierto la capacidad del crimen organizado para paralizar una ciudad entera.

Pero aquí es de señalar que no todos son víctimas: desde hace años quedó en claro que un sector importante del transporte -concesionarios y trabajadores del volante- están coludidos con los delincuentes. Toca al gobierno determinar quiénes del sector del transporte tienen acuerdos con la delincuencia.

En caso de identificarlos plenamente, es obligación del gobierno del estado retirarles la concesión a algunos miles de transportistas que le hacen el juego al crimen. Inclusive convendría valorar si es viable introducir otra modalidad de servicio, como los Uber, para limitar el enorme daño que hacen los transportistas renegados a la población civil.

Esta es una decisión difícil, pero en algún momento tendrá que afrontarse porque de no hacerlo
sería como tener la espada de Damocles sobre la cabeza.

Y mientras este drama se desarrolla a diario, los alcaldes respectivos -Mario Figueroa, Norma Otilia Hernández y Abelina López- se desentienden del grave problema diciendo que esto es competencia de otros órdenes de gobierno (lo que, sin embargo, no los exenta de su responsabilidad).

Empero, algo hay de cierto: la persecucion del delito, que le corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) en materia del fuero común, así como a la Fiscalía de la República (FGR) en materia de delitos federales, simplemente se ha visto rebasada por la delincuencia.

En particular la fiscal Sandra Luz Valdovinos, cuya dependencia anunció hace algunas semanas que había capturado una célula completa de Los Rusos -operativo en el que supestamente había fallecido un jefe criminal importante- se ha visto rebasada por la delincuencia simplemente por incapacidad manifiesta.

Días después el aludido (que se maneja con el alias de Comandante 18), salió a la luz pública mediante una lona en la que acusaba a la teniente coronel de aliarse con el CIDA.

En esa inoperancia de la fiscal coadyuvó el desmantelamiento que aplicó a la fiscalía, donde despidió arbitrariamente a unos 500 empleados e inundó esa dependencia con militares que no saben qué hacer. Por decoro debería renunciar o, en todo, ser destituida por parte del Congreso del estado, que tendría que tomar cartas en el asunto.

Mientras esas cosas ocurren, la ciudadanía es la que sufre las consecuencias porque nos
estamos dirigiendo hacia una escalada de terror. Si usted amigo(a) lector no nos cree, sólo
reflexione sobre los hechos siguientes:

• El 22 de octubre de 2022 un comando rodeó las instalaciones del palacio municipal
  de San Miguel Totolapan y abrió fuego a discresión, lo que finalizó con la muerte de
  unas 25 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza, su progenitor Juan
  Mendoza y funcionarios de ese municipio.
• El 10 de diciembre del 2022, un grupo numeroso de la Familia (se habló en su
  momento de cién tiradores) masacró a 7 u 8 personas, entre ellos un niño de 11
  años, durante un ataque que pretendía “castigar” a la comunidad de El Durazno,
  también en la Sierra Madre del Sur.
• En la parte alta del municipio de Tlacotepec, desde el semestre pasado La Familia ha
  lanzado ataques contra las comunidades mediante el uso de drones con granadas, lo
  que ha causado que muchas familias emigren de la región.
• El lunes 23 de octubre un grupo numerosos de sicarios emboscaron, sometiron y
  dieron muertes a 13 policías municipales de Coyuca de Benítez, que no tuvieron la
  menos oportunidad de defenderse.
• El 24 de diciembre pasado, desconocidos armados masacraron a unas 10 personas,
  casi todas de una sola familia, en la comunidad de Puente del Rey, municipio de
  Atoyac. Esta fue una masacre que, debido a la fecha, pasó desapercibida en los
  medios de comunicación.
• El 7 de enero de este año un grupo numeroso de pistoleros, portando armas largas,
  abrieron fuego indiscriminado contra unas 100 personas que disfrutaban de peleas
  de gallos en un palenque ubicado en el municipio de Petlatlán. Murieron 13 personas
  y más de 20 resultaron heridas de gravedad.

Quieran reconocerlo o no, todos estos episodios constituyen actos de corte terrorista cometidos por sicarios de la Familia Michoacana, pero también por subgrupos asociados que buscan mantener el control de sus territorios, en lo que constituye una expansión inequívoca de La Familia Micoacana que, según diferentes versiones, mantiene una alianza con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de donde ha tomado algunas tácticas terroristas.

En este escenario demencial, es responsabilidad del gobierno federal así como el gobierno del estado detener esta escalada, que amenaza la estabilidad social y, por extensión, la industria turística.

Si la fiscal Valdovinos no da una, es menester pensar en sustituirla por algún personaje que de verdad quiera parar esta escalada. Los alcaldes en cuyo territorio subsiste el germen de la ingobernabilidad sin duda alguna serán castigados con el voto de la ciudadanía durante la próxima elección.

El Alto Mando del Ejercito, Armada y Guardia Nacional tendrían que intervenir de forma decidida en este escenario, que amenaza con agravarse.