Bajo Fuego – Estado criminal

José Antonio Rivera Rosales

Mucha expectación ha causado el juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. En esta entrega aportaremos unos granos más de emoción a la telenovela que mantiene engolosinado al presidente López Obrador.

Muchas personas en México se han escandalizado de las revelaciones que han surgido en el juicio penal de referencia. Inclusive analistas mexicanos se resisten a darle crédito a las imputaciones de narcotraficantes que fungen como testigos protegidos del gobierno de los Estados Unidos.

Lamentablemente una parte substancial de las acusaciones de dichos testigos constituyen una gran verdad que devela lo que han intuido muchos mexicanos: que somos rehenes de un estado criminal.

Estamos ante la revelación de lo que durante muchos años ha sido el estado mexicano: un narcoestado que se descaró en los dos sexenios panistas y el posterior gobierno priista.

Primero que todo es menester aclarar que a partir de investigaciones del fenómeno del crimen organizado se va conociendo la particular forma en que se conducen los protagonistas de ese submundo sórdido y cruel, que desde principio del 2000 se reveló ante el mundo como lo que es: un mecanismo de antivalores basados en la traición.

En los corredores clandestinos se conocía desde tiempo atrás que existía un acuerdo entre los barones de la droga con las más altas esferas del poder, lo que se hizo notable a partir del arribo de Vicente Fox a la presidencia de la República.

Fue por eso que en enero de 2001 Joaquín El Chapo Guzmán pudo fugarse de una prisión de máxima seguridad. De hecho, durante los sexenios de Fox y Felipe Calderón, El Chapo fue conocido como el capo del panismo. En ambos gobiernos la correa de transmisión siempre fue Genaro García Luna.

Posteriormente surgieron versiones de líderes criminales que hablaban de un nuevo arreglo, ahora con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Pero vayamos por partes.

Desde su adolescencia García Luna siempre fue un delincuente, pero era tan habilidoso que fue utilizado por mandos policiacos de la ciudad de México para desarrollar varias tareas.

En la década de los noventa trabajó en la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), dependencia que le sirvió como plataforma de lanzamiento.

   En septiembre de 2001 Fox creó la Agencia Federal de Investigación (AFI) y designó a cargo a Genaro García Luna. Cuando Calderón llega a la presidencia lo instala como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, epoca en la que el aludido acumuló más poder.

   En Guerrero se tuvo conocimiento de sus andanzas a partir de la década del 2000. Como titular de la AFI, en 2004 trascendió la irrupción de ocho jóvenes provenientes de Tamaulipas que ingresaron a Guerrero por el puerto de Zihuatanejo. Personal de la AFI los interceptó y los entregó a Edgar Valdés Virrarreal, quien los asesinó -por cierto utilizando una propiedad ubicada en Costa Azul, en Acapulco-.

   En realidad los secuestrados eran sicarios Zetas enviados por Osiel Cárdenas Guillén precisamente para ejecutar a Valdés Virrarreal, quien después de haber trabajado con el jefe del Cartel del Golfo terminó traicionándolo, se robó una carga de una tonelada de cocaína y huyó al puerto de Acapulco, donde fue cobijado por el clan de los Beltrán Leyva.

   Ese diferendo marcó la confrontación entre los Zetas y los Pelones, el grupo paramilitar que trabajaba para Arturo Beltrán. Como titular de la AFI, García Luna tomó partido por los Beltrán.

   Ese año, 2004, fue el boom del narcomenudeo en Guerrero con la instalación de las primeras 70 tiendas de droga en el puerto de Acapulco, propiedad de los hermanos Beltrán. Por consecuencia también dio inicio al clima de violencia y ejecuciones que a la fecha continúa.

   Fue cuando el clan entendió que el narcomenudeo era el verdadero negocio de la droga, más que el traslado de cocaína de Colombia a los Estados Unidos -que requería mucha inversión, logística y riesgos-. En cambio, un kilogramo de cocaína pura podía generar una ganancia superior al hacerle los ocho cortes que le hacen a la droga para rebajarla, lo que potenciaba el lucro con mínimos riesgos.

   El 25 de mayo de 2007, ya como secretario de Seguridad Pública, un comando de hombres armados del gobierno de Ulises Ruiz, en Oaxaca, secuestró a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

   Los perpretadores trabajaban para el gobierno estatal, pero fundamentalmente seguían lineamientos de García Luna. Fue por eso que la formación guerrillera definió el secuestro como un “crimen de estado”. Los secuestrados nunca aparecieron.

   La consecuencia: semanas después, el 5 de julio, los guerrilleros colocaron cargas explosivas en gasoductos de Pemex en Guanajuato y Querétero, lo que provocó una explosión gigantesca con daños materiales por más de un mil millones de pesos.

   No era para menos: uno de los secuestrados, Gabriel Alberto, era hermano del máximo jefe del EPR, Tiburcio Cruz Sánchez. Al EPR siempre le quedó en claro que el responsable de la desaparición forzada fue García Luna.

   Para 2008 circuló una versión entre mandos policiacos: que García Luna fue “levantado” por sicarios de Arturo Beltrán. Era verdad y ahora salió a relucir en el juicio que se le sigue en Nueva York.

   Según trascendidos de entonces, Arturo Beltrán Leyva le reclamó al funcionario: “Para que veas que podemos llegar a ti”. Un grupo de élite del clan, conocido como “Fuerzas Especiales de Arturo (FEA)”, integrado por exmilitares, fueron quienes interceptaron, sometieron y se llevaron al jefe policiaco ante el capo, hechos acontecidos en el estado de Morelos.

   De acuerdo con las mismas fuentes, el encuentro -que ocurrió en octubre de 2008-  en realidad fue ríspido entre Arturo Beltrán y Genaro García. Después aparentemente se suavizó y el funcionario fue puesto en libertad con el compromiso de seguir apoyando al clan de los Beltrán. Aunque el incidente se manejó con mucho hermetismo, la especie circuló en los corrillos policiacos y clandestinos.

  La razón del desencuentro se generó en la percepción de que García Luna había pactado con Guzmán Loera, quien les proporcionó la información para que Alfredo El Mochomo Beltrán, quien se encargaba de la logística en el cartel, fuera capturado por las fuerzas federales en enero de 2008, lo que desató a guerra entre los Guzmán y los Beltrán.

   Pero en los hechos, el levantón sólo sirvió para que el gobierno mexicano lanzara una persecución feroz contra Arturo Beltrán, persecución que se recrudeció en 2009 y que terminó con la muerte del capo en diciembre de ese año.

   En junio de 2009 una fuerza de élite del gobierno mexicano irrumpió en una casa de seguridad que el capo tenía en el fraccionamiento Cantiles, por el área de Mozimba en Acapulco. La operación estuvo precedida por algunos intercambios de fuego entre tropas regulares y pistoleros del cartel, ocurrido en la zona de Caleta.

   Durante la irrupción en Cantiles, los agentes de gobierno se llevaron un par de vehículos blindados y joyas compradas por Arturo Beltrán en Europa, lo que causó la furia del traficante, quien vociferaba contra Felipe Calderón a quien no dejaba de llamar “pinche ratero”.

   Segun la especie conocida entonces, por lo menos uno de los vehículos de lujo fue entregado a Calderón en lugar de reportarlo a la instancia respectiva, así como las joyas. De ahí los insultos del capo contra el presidente de extracción panista.

   Inclusive en esa ocasión (junio 2009) el jefe del cartel vociferaba que ya no harían tratos con los panistas, que en lo sucesivo harían lo necesario para que el PRI llegara al poder.

   Por interpósita persona, a principios de diciembre el capo citó a algunos periodistas para los días 26 o 27 de diciembre, fecha en que daría a conocer los acuerdos con el gobierno mexicano. Pero Arturo Beltrán no llegó vivo a esa fecha: el 19 del mismo mes fue ejecutado por un comando de élite de la Armada de México en la ciudad de Cuernavaca, donde tenía un apartamento.

   La ejecución del capo tenía el objetivo, al parecer, de silenciarlo.

   Y sí: después arribó el priista Pena Nieto al poder. Pero esa es una historia diferente.