6 June, 2026
¿Plan B o Plan de Privilegios? La Reforma Electoral y sus Límites Reales
El Plan B consiste en que un consejero del INE ya no pueda ganar más que la presidenta de la República
Gabriel Ortiz Salgado
El plan B de la reforma electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum ya es una realidad, pues ya fue aprobado por el Congreso de la Unión y veinte legislaturas locales ya lo votaron también a favor, cumpliendo con ello el mandato constitucional establecido en el artículo 135 constitucional, el cual establece que una reforma constitucional se logra con la aprobación del Congreso de la Unión con al menos dos tercios de los presentes, y con la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, es decir, más de la mitad de las 32 entidades federativas, lo que equivale al menos a 17 congresos estatales.
La aprobación del Plan B no es un triunfo ruidoso, pero es real, y quienes la protagonizaron no viven en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, viven en los barrios, en las colonias y en los municipios que llevan décadas financiando privilegios que nunca les pertenecieron.
En junio de 2024, millones de mexicanas y mexicanos salieron a votar con algo más que una boleta en la mano, salieron con la esperanza, con la expectativa acumulada, con una lista no escrita de agravios que querían ver reparados: funcionarios públicos que ganaban más que cualquier institución podría justificar, congresos locales con presupuestos holgados, árbitros electorales blindados contra toda rendición de cuentas. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió la votación más alta de la historia democrática del país. Eso no fue un cheque en blanco, fue el encargo del pueblo de corregir el camino y hacer lo correcto. No más privilegios.
Por eso el debate en torno al Plan B no debe leerse únicamente como una disputa legislativa entre partidos. Debe leerse como lo que es, la ciudadanía exigiendo que se cumpla lo que se prometió. Y en ese sentido, el resultado tiene más peso del que los titulares le han dado.
No se trata de si Morena ganó o perdió una negociación. Se trata de responderle a la gente que desde muy temprano salió a votar en 2024, se trata de que por primera vez en la historia de México, la titular del Ejecutivo Federal responde a los intereses del pueblo.
En términos simples, el Plan B consiste en que un consejero del INE ya no pueda ganar más que la presidenta de la República; no es un detalle técnico, es el reconocimiento de que el dinero público tiene dueño, y ese dueño es el pueblo. Que se eliminen las pensiones excesivas de funcionarios electorales no es un ajuste contable, es el fin de un privilegio que nunca debió existir.
Que los congresos locales tengan un límite presupuestal equivalente al 0.70% del gasto de cada estado pudiera parecer algo simple, pero en la práctica significa que los legisladores locales tendrán que aprender a gobernar con lo que tienen, igual que las familias a quienes representan. Eso, en muchos estados del país, es una verdadera transformación.
Es verdad que el camino no fue sencillo. El Plan A, la propuesta más ambiciosa, no obtuvo los votos necesarios en la Cámara de Diputados. La fractura entre Morena y sus aliados fue visible, incómoda, y no conviene maquillarla. Pero hay algo que ese episodio también demostró: las instituciones funcionaron. Nadie impuso nada por decreto.
La madurez política no radica en ganar siempre, sino en saber cuándo avanzar con lo posible sin abandonar lo necesario. El Plan B no es la meta final, es la primera etapa en el camino de la transformación. Vivimos otros tiempos y, pese a los detractores, la ciudadanía sabe distinguir entre quienes construyen ese camino y quienes solo lo observan, e incluso de quienes tratan de obstruirlo.
Se viene un gran reto, en 2027 se renuevan todos los escaños de la Cámara de Diputados y se disputan 17 gubernaturas. Esa elección no es solo un trámite electoral, sino que representa la oportunidad para que la ciudadanía complete el encargo que comenzó en 2024. Las mayorías calificadas que hacen posibles reformas constitucionales profundas no se decretan, se construyen voto a voto, colonia a colonia, municipio a municipio.
La pregunta que vale hacerse no es si el Plan B fue suficiente. La pregunta es qué Congreso quiere la ciudadanía para terminar la tarea. Esa respuesta no la dan los analistas ni los titulares. La dan las personas que deciden si salen o no a votar.
Lo que comenzó en las urnas no termina en el Diario Oficial de la Federación. Termina —o continúa— en cada elección que viene. La ciudadanía tiene la última palabra. Siempre la ha tenido.
