4 June, 2026
Reabren caso contra servidores públicos por robo y abuso de autoridad
La autoridad advirtió que, en caso de inasistencia de los imputados, podrá ordenar el uso de la fuerza pública
Puebla, Pue., 30 de abril de 2026.- Un juicio de amparo federal promovido por Fernando Juárez Morales reactivó un proceso penal en Puebla contra cinco servidores públicos de la Fiscalía General del Estado y peritos, señalados por presuntos delitos de robo y abuso de autoridad.
De acuerdo con resoluciones judiciales, una jueza de control anuló acuerdos previos y ordenó la realización de una nueva audiencia de formulación de imputación, programada para el 19 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en el Centro de Justicia Penal de Puebla.
La autoridad advirtió que, en caso de inasistencia de los imputados, podrá ordenar el uso de la fuerza pública para garantizar su comparecencia. Además, el tribunal local deberá informar al juzgado de distrito sobre el cumplimiento del amparo para evitar posibles sanciones.
Entre los señalados figuran José Martín Nicolás Flores Figueroa y José Alfredo Reyes Tecuatl, elementos de la Fiscalía estatal; José Díaz Espinoza y José Benigno García Ferrer, agentes de la Agencia Estatal de Investigación; así como Lilia Meneses Romero, perito del Instituto de Ciencias Forenses.
La investigación la encabeza la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que busca esclarecer los hechos denunciados por Fernando Juárez Morales.
El propio Juárez Morales relató que los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2013, cuando, según su dicho, agentes ministeriales ingresaron a su domicilio sin orden judicial, pese a que ya se encontraba detenido.
“Ya detenido y sin orden judicial irrumpieron en mi domicilio el 6 de agosto del 2013 y fui torturado por el agente del ministerio público y ministeriales que irrumpieron en mi domicilio junto con diversos ministeriales y agentes del ministerio público adscritos a la entonces agencia 7 del ministerio público especializada en la investigación de robo de vehículo”, declaró.
El caso tomó relevancia tras la liberación de Juárez Morales, quien permaneció nueve años en prisión por delitos que afirma no haber cometido. En febrero de 2026, tras la concesión del amparo 211/2023, acudió a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) para iniciar el proceso de reparación del daño.
El Juzgado Octavo de Distrito lo reconoció como “persona vulnerable” y víctima de un “error judicial”, resolución que abrió la vía para solicitar indemnización y medidas de reparación por parte del Estado.
