4 June, 2026
Sin salario mínimo ni reglas claras: así opera el trabajo en centros penitenciarios de Puebla
Las internas pueden generar hasta 180 pesos diarios en los mejores casos
14 de abril de 2026.- Tania —nombre ficticio— llegó al penal de Ciudad Serdán, Puebla, en 2024 sin saber coser, pero dentro del centro penitenciario aprendió el oficio hasta alcanzar una producción de hasta 600 playeras diarias. Por cada prenda recibe 30 centavos bajo un esquema de trabajo por destajo, donde el ingreso depende exclusivamente de la cantidad de piezas elaboradas.
De acuerdo con su testimonio, las internas pueden generar hasta 180 pesos diarios en los mejores casos, aunque también existen pagos fijos de 400 pesos semanales en otras actividades como el empaquetado. Sin embargo, estos ingresos resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas, mientras que el acceso a mejores condiciones laborales depende de la asignación de una encargada vinculada a una empresa externa.
Un sistema laboral con vacíos legales
Aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que el trabajo en prisión debe ser digno y orientado a la reinserción social, no fija un salario mínimo ni criterios claros de remuneración, lo que abre la puerta a esquemas discrecionales dentro de los centros penitenciarios.
Especialistas y representantes del sector textil advierten que esta falta de regulación coloca a las personas privadas de la libertad en una situación de vulnerabilidad, sin acceso pleno a seguridad social ni prestaciones, y con condiciones laborales por debajo de lo que se paga en la industria formal, donde los salarios rondan entre 3 mil y 3 mil 500 pesos mensuales.
Tania relató además que el trabajo en maquila limita su participación en actividades recreativas y culturales dentro del penal, lo que contradice el propio reglamento interno, que establece que el empleo no debe interferir con otros derechos de las internas.
En este contexto, especialistas señalan que dentro de los centros penitenciarios coexisten distintos esquemas de trabajo —desde talleres externos hasta actividades internas—, pero sin contratos claros ni mecanismos transparentes de pago, lo que dificulta la supervisión institucional y abre la posibilidad de intermediarios que concentran parte de las ganancias.
El problema, advierten, no se limita al salario, sino a la estructura misma del sistema laboral penitenciario, donde la privación de la libertad genera una relación desigual que reduce la capacidad de exigir derechos laborales.
Ante este panorama, expertos plantean la necesidad de establecer contratos formales, criterios claros de remuneración, acceso a seguridad social y supervisión efectiva que garantice condiciones laborales dignas.
De lo contrario, advierten, el trabajo penitenciario corre el riesgo de alejarse de su función de reinserción social y convertirse en un mecanismo de reproducción de desigualdad dentro de las cárceles.
