El número telefónico del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, se hizo público días después de que el presidente López Obrador sugiriera a la periodista neoyorkina Kitroeff cambiar su número si se sentía vulnerable.

Hasta el momento, Ramírez Cuevas no ha emitido ninguna declaración sobre la autenticidad del número filtrado ni ha confirmado si corresponde a su teléfono personal.

Esta situación plantea cuestionamientos sobre la seguridad y privacidad en la presidencia de México, que ya enfrentó una filtración masiva de datos personales de periodistas hace un mes.

En el ámbito legal, si la periodista estadounidense decide tomar acciones legales, el presidente AMLO podría enfrentar sanciones que van desde multas hasta prisión en Estados Unidos.

En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales establece que “se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos” (Artículo 68).

La organización Guacamaya Leaks compartió en redes sociales una captura de pantalla del supuesto número filtrado del vocero presidencial.

Se espera una respuesta oficial por parte del Gobierno de México en los próximos días, abordando este incidente que pone en tela de juicio la seguridad en el entorno presidencial.