El 21 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con 16 fiscales generales, interpusieron una demanda contra Apple, acusando al gigante tecnológico de infringir las leyes antimonopolio. La querella, presentada en un tribunal federal de Nueva Jersey, surge tras una investigación de cinco años sobre las prácticas de la compañía.

La administración de Joe Biden ha enfocado la competencia como una prioridad en su política económica, y el escrutinio sobre empresas como Apple en Silicon Valley ha sido intenso.

La demanda argumenta que Apple ha utilizado su control sobre la distribución de aplicaciones en el iPhone para obstaculizar innovaciones que podrían haber facilitado a los consumidores cambiar de dispositivo. La empresa se ha resistido a admitir aplicaciones de mensajería multiplataforma, billeteras digitales de terceros y relojes inteligentes no fabricados por Apple.

A pesar de recientes cambios, como la inclusión de soporte para servicios de juegos en la nube y la promesa de integrar la mensajería multiplataforma RCS, la querella persiste.

El grupo de fiscales generales, encabezado por los representantes de California, Nueva Jersey y Washington, DC, se suma a una serie de investigaciones antimonopolio contra Apple. Estas incluyen la multa de 2 mil millones de dólares impuesta por la Unión Europea por prácticas que excluían servicios de música rivales en el iPhone.

Los cambios propuestos por Apple en Europa para cumplir con las regulaciones antimonopolio han generado controversia, y se espera que los reguladores investiguen si se ajustan a la ley.

Mientras tanto, la restauración de la cuenta de desarrollador de Epic Games en la UE, permitiendo la creación de una tienda de aplicaciones rival, sugiere un cambio de rumbo en la estrategia de Apple, en respuesta a la presión regulatoria y las posibles sanciones futuras.