CHILPANCINGO, Gro., 16 de julio de 2025.– Con una inversión histórica de 172 millones de pesos, el Gobierno de Guerrero ha transformado la vida de más de 20 mil mujeres a través de la Tarjeta Violeta, un programa social que impulsa el empoderamiento económico, la educación y la salud integral de jefas de familia.

Durante la presentación del Informe de Resultados del programa, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda subrayó que su administración atiende “lo que antes era invisible para los gobiernos”: la salud emocional, la autonomía económica y la justicia social para las mujeres.

Con apoyos bimestrales de 2 mil pesos, el programa ha beneficiado a mujeres de 24 municipios en las ocho regiones del estado. “Más allá de las cifras, son las historias de vida las que importan”, dijo Salgado, al referirse a los logros alcanzados por mujeres que ahora estudian, trabajan y reciben atención profesional.

Entre los avances, destacan más de 800 mujeres alfabetizadas, 1,200 que concluyeron la primaria, 1,800 la secundaria y 1,638 que finalizaron estudios de bachillerato o universidad. Además, el programa ha otorgado más de 23 mil consultas psicológicas y seguimiento terapéutico a 1,600 beneficiarias, lo que representa un aumento del 98% respecto al año anterior.

El titular de la Secretaría del Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, destacó que la estrategia incluye la colaboración interinstitucional con organismos como IMSS Bienestar, ICATEGRO, UAGro e instancias de atención psicológica como UNEME-CECOSAMA, lo que refuerza su impacto.

La gobernadora afirmó que continuará ampliando la cobertura de la Tarjeta Violeta, como parte de su visión de convertir a Guerrero en un santuario para las mujeres, donde puedan crecer, sanar y desarrollarse en libertad.

CHILPANCINGO, Gro., 16 de julio de 2025.– Alcaldes que no entreguen las cuotas obrero-patronales al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) podrían enfrentar sanciones graves, advirtió el diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

Durante un encuentro con integrantes de la Sección 18 del SUSPEG, el legislador recordó que el artículo 64 Ter de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos contempla castigos severos para quienes omitan el envío de los recursos que por ley deben ser transferidos al instituto.

“Se deben fincar responsabilidades. No podemos permitir que las cuotas de los trabajadores se sigan desviando o reteniendo indebidamente por parte de las administraciones municipales”, afirmó Urióstegui frente al gremio que encabeza María Adelita Radilla López, luego de la protesta realizada ayer en el sur de Chilpancingo.

Precisó que, aunque el Congreso ha emitido exhortos a los ayuntamientos para cumplir con los pagos, ahora también se ha reforzado la legislación para castigar el incumplimiento.

La adición legal contempla sanciones a funcionarios que retengan las cuotas sindicales sin transferirlas a las instituciones correspondientes. Urióstegui enfatizó que, aunque el Legislativo no puede ejecutar sanciones, sí puede denunciar para que se aplique la ley conforme a la división de poderes.

En entrevista posterior, señaló que se analizará la propuesta de reformar la ley del ISSSPEG para que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, retenga directamente dichos recursos a los municipios morosos.

Asimismo, anticipó una revisión a la estructura del ISSSPEG para establecer candados que impidan salarios excesivos tanto del titular como de sus funcionarios, con el fin de garantizar un manejo más transparente de los recursos del instituto.

CHILPANCINGO, Gro., 8 de julio de 2025.- Para garantizar el reconocimiento legal y la protección de personas con discapacidad intelectual en Guerrero, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán propuso reformar la Ley 817 para las Personas con Discapacidad del Estado, a fin de incluir de forma expresa esta condición como categoría jurídica.

La iniciativa plantea modificar los artículos 3 y 4 de la legislación estatal para armonizarla con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México es parte.

Sánchez Almazán subrayó que la ausencia de reconocimiento de la discapacidad intelectual en la ley local impide que miles de personas accedan a políticas públicas, programas sociales y atención especializada. “No hay inclusión sin reconocimiento, no hay justicia mientras ignoremos a quienes más lo necesitan”, sostuvo.

Actualmente, la Ley 817 reconoce solo tres tipos de discapacidad: física, mental y sensorial. La omisión de la discapacidad intelectual —precisó— genera ambigüedad legal y vacíos operativos que afectan directamente a quienes requieren mayor apoyo.

La propuesta contempla actualizar la definición de “persona con discapacidad” e incluir una fracción en el Artículo 4 con una definición técnica basada en criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales.

El legislador llamó al Congreso local a respaldar la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad para su análisis. “Es un paso hacia un Guerrero más incluyente y respetuoso de la dignidad humana”, concluyó.