José Antonio Rivera Rosales

   A unos días de la elección más importante de la historia, los guerrerenses se estremecieron por una semana de violencia extrema que parece estar dirigida a inhibir el voto ciudadano el próximo 2 de junio.

   Aunque es sabido que en el puerto de Acapulco existen dos grupos delictivos en pugna, sin contar con pequeños grupos emergentes que aprovechan la confusión -chapulines, les dicen en el argot deincuencial-, el caso es que la violencia extrema que se desató a partir del día 21 causó un impacto arrollador en el ánimo de la población civil.

   Los atentados iniciaron el martes 21 de mayo, cuando un ataque armado causó tres muertos y dos heridos en la colonia Emiliano Zapata, en la periferia de la ciudad. Horas más tarde, en la glorieta de Aguas Blancas, en el área céntrica, los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres aparecieron encimados junto a la calle, torturados y asesinados con torniquetes en el cuello. La imagen causó terror entre los vecinos de esa área que antes fue la zona de tolerancia del puerto.

   El 23 de mayo, pasadas las cinco de la tarde, hombres armados dispararon contra un negocio del mercado El Pueblito, ubicado sobre la Costera Miguel Alemán, frente al centro comercial que antes era conocido como Plaza Bahía, área escrupulosamnte vigilada por fuerzas federales y locales. Resultado del ataque: 5 muertos y un herido.

   Este incidente causó azoro y estupefacción entre propietarios de esos locales, harto frecuentados por consumidores de centros de trabajo cercanos, que ahí acostumbran comprar sus alimentos.

   El Pueblito es un mercado popular ubicado sobre la Costera, en plena Zona Dorada del puerto, que se supone muy vigilada por el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Preventiva Municipal (PPM), que brilla por su ausencia. 

   La agresión contra El Pueblito al parecer fue la gota que derramó el vaso: motivó un despliegue de las Fuerzas Federales con acompañamiento de la Policía del Estado (SSP estatal) así como la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE).

   Pero la cosa no paró ahí: el viernes 24 de mayo, otra vez en la periferia, cerca del Centro de Reinsercion Social (Cereso), fueron arrojados cinco cuerpos desmembrados. Este otro incidente de violencia extrema terminó por prender los focos de alarma en el gobierno así como en los partidos políticos, que con todo siguieron sus campañas como si nada hubiera pasado.

   El domingo 26 las autoridades encontraron restos humanos de un masculino en bolsas negras arrojadas en Constituyentes, a la altura de la nave de flores del Mercado Central de Abasto.  El mismo día fue encontrado un cadáver dentro de la cajuela de un auto sobre la turística avenida Costera Vieja, otra vez en la Zona Dorada del puerto.

   Pero el lunes 27 la violencia sacudió a Chilpancingo: hombres armados ingresaron a un bar situado sobre el andador Zapata, en pleno centro de Chilpancingo, donde abrieron fuego contra algunos clientes. El resultado fue de dos hombres y una mujer muertos. Entre los fallecidos figuraba un músico conocido. 

   Al momento se desconoce la motivación del atentado. Como ocurre con otros casos igualmente trágicos, el crimen fue perpretado sin que la Policía Preventiva Municipal de Norma Otilia Hernández se percatara de los hechos sangrientos, a pesar de que se produjo en una de las áreas más frecuentadas de la capital guerrerense.

   Hay que recordar que igual pasó en junio de 2023, cuando aparecieron 7 cuerpos desmembrados y decapitados en el Barrio de San Mateo, en plena zona céntrica de la capital estatal. A partir de ahí se conoció que la masacre era en realidad un mensaje para la alcaldesa en funciones -que, por cierto, debería estar en prisión en lugar de despachar en Palacio Municipal-.

   El mismo día vecinos del Fraccionamiento Magallanes, en Acapulco, reportaron un cadáver desmembrado en calles de esa exclusiva área residencial, cerca de la Costera.

   En respuesta el gobierno estatal desplegó más unidades de la Policía Estatal -en particular los grupos especiales Centauro y Jaguar, que cuentan con entrenamiento de élite-.

   En Cochoapa -considerado el municipio más pobre de América Latina-, hombres armados atacaron el domicilio del candidato morenista a la alcaldía, Albino Gómez Vázquez, quien logró escapar del embate. Su coordinador de campaña, Felipe Chavez, murió en durante el incidente. Ahora el candidato, que lo más seguro es que ganará la contienda por ese municipio, circula resguardado por la Guardia Nacional.

   Igualmente en la Costa Chica, en el zona de Marquelia, pistoleros asesinaron a tiros a Arquímides Díaz Justo, quien se desempeñaba como coordinador de campaña de la coalición PRI-PAN-PRD.

   Como se puede observar, las víctimas parecen ser gente común, pero también de los partidos políticos, lo que fortalece la idea de que se trataría más de una campaña de terrorismo político que de la violencia criminal que conocemos.

   Hasta ayer lunes así han ocurrido las atrocidades, una detrás de otra, sin descartar que la situación se recrudezca antes del día 2 de junio, cuando la población se prepara para participar en esta fiesta democrática que es la elección más competida de la historia. De ese tamaño están las cosas.

   Así como vemos la situación, es claro que las autoridades federales y estatales tienen una responsabilidad fundamental para prevenir los brotes de violencia que ensombrecen el clima previo a la elección del 2 de junio.

   Aunque la violencia se ha focalizado en Acapulco, es claro que existe un factor disrruptor que afecta a todo el estado de Guerrero. Lo deseable sería que los mandos federales -que son los que cuentan con el servicio de inteligencia- pudieran identificar y neutralizar los intereses que están detrás de este terrorismo político, que al parecer busca inhibir el voto para el día 2 de ju nio. 

   En todo caso , la responsabilidad de la ciudadanía -todos y todas- es acudir a depositar su voto el próximo domingo. Voten por quienes ustedes consideren los mejores candidatos, pero voten.