José Antonio Rivera Rosales

Los grupos armados irregulares conocidos como policías comunitarias surgieron, inequívocamente, debido a la ausencia del estado en amplias regiones de Guerrero.

Hasta donde se tiene conocimiento, este proyecto de solidaridad orgánica se gestó en comunidades de San Luis Acatlán y Malinaltepec entre 1992 y 1993, cuando surgió el Consejo Regional de Autoridades Indígenas (CRAI), que después se transformaría en el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), debido al éxito que tuvo ese modelo en el que participaron decididamente liderazgos indígenas de esos dos municipios.

El modelo de la CRAC-PC, que se oficializó en septiembre de 1995, se popularizó más allás de las regiones indígenas al llamar la atención de pueblos negros de la región de Costa Chica, que paulatinamente se fueron integrando a esa propuesta popular de justicia indígena.

El proyecto de justicia indígena, visto con recelo por los gobiernos en turno –dado que no se incluían en ninguna norma legal de aquellos años- fue tomando carta de naturalización entre las comunidades de otros municipios, principalmente Ayutla de los Li bres. Así las cosas, se extendió por los diferentes municipios con población mayoritariamente indígena hasta asentarse en los municipios de la llamada Montaña Alta, donde se ha convertido en la voz preponderante entre las comunidades.

El modelo tuvo su primer punto de quiebre en 2010, cuando un sector mestizo de izquierda se apropió de la conducción del movimiento y generó la salida de amplios grupos de población de la CRAC, entre ellos los llamados pueblos fundadores que son un grupo de 26 comunidades de Malinaltepec.

Esta situación de inconformidad fue el principio del surgimiento de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG), que se sustentó precisamente en la integración de pueblos mestizos de la Costa Chica que, junto a comunidades indígenas, protagonizaron la irrupción armada de 2013 con base precisamente en el municipio de Ayutla. En lo sucesivo, la UPOEG tuvo constantes desencuentros con el gobierno del estado y las Fuerzas Armadas, que muchas veces intentaron desarmarlos.

Aquí es posible observar una característica que define la actuación de ambas formaciones: mientras la CRAC es un movimiento de autogestión endógena -hacia dentro del universo indígena-, la UPOEG se vertió hacia fuera integrando en su seno comunidades indígenas, pero también mestizas y afromexicanas. Esa ha sido la clave de su insusitado crecimiento y popularidad entre la población.

Ese modelo de gestión comunitaria fue retomado por un sector de la población de Olinalá, en La Montaña, que se adhirieron al proyecto original de la CRAC y su casa de justicia en El Paraíso. Aunque ese sector de población actuó de manera explosiva contra un grupo de delincuencia organizada que los tenía bajo asedio, nunca retomaron formalmente el mecanismo electivo de asamblea que siempre rigió tanto a la CRAC como a la UPOEG.

La consecuencia fue un proceso de polarización interna que permeó hasta las instancias judiciales, lo que dio lugar a la instauración de procesos penales que derivaron en la persecución de los principales promotores.

Aún así, a partir de 2013 y 2014 proliferaron los movimientos de autodefensa que, en mayor o menor medida, eran respuesta de comunidades mestizas ante el acoso del crimen. Dos casos emblemáticos fueron el grupo de autodefensa de Apaxtla  (Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, MAAC) y la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, en Chilapa, que se asume como una extensión de los pueblos fundadores de Malinaltepec (CRAC-PC-PF).

Pero también surgieron expresiones que comenzaron a operar como fachada del crimen organizado, como una estrategia para mantener control territorial y poblacional en una determinada región. Esas formaciones irregulares –a veces con mejor armamento que los cuerpos policiacos locales- se han extendido a todo lo largo y ancho del territorio estatal ante la indiferencia del gobierno del estado y de los partidos políticos.

En ese sentido, esas formaciones irregulares se constituyen más en milicias armadas facciosas que en guardias comunitarias.

Esos grupos armados constituyen una verdadera amenaza para el gobierno del estado y para las fuerzas federales que, muchas veces para evitar confrontaciones violentas, simplemente las ignoran. Pero no debiera ser así. Por lo menos tendrían que estar acotadas territorialmente para evitar que se muevan a otros municipios a impartir su particular forma de justicia.

Dado que tienen un origen turbio, esas formaciones irregulares son un muro de contención para las diversas policías porque responden a intereses ocultos y no precisamente al interés popular.

Conforme se acercan las fechas en que comenzarán a elegirse candidatos de los distintos partidos políticos a cargos de elección popular, comenzarán a surgir brotes de violencia que parecieran inexplicables, pero que tienen su explicación en el control político-territorial. El gobierno tendrá que prepararse para enfrentar ese proceso de violencia política en ciernes, en particular porque se acerca la fecha de la sucesión presidencial.

No sólo eso: la violencia política explicará algunos fenómenos de choques entre comunidades así como despoblamiento de algunas regiones, particularmente en la vertiente de la sierra y La  Montaña, por donde se extiende la veta del Cinturón de Oro.

Esto es, deprimido como está el mercado de la heroína que mantuvo durante muchos años a la población que habita en la Sierra Madre del Sur, las formaciones criminales han vuelto a mirar la riqueza del subsuelo, que por el momento explotan las mineras canadienses. Esa será la fuente de conflictos.

La riqueza de esa veta de oro -la más grande de América Latina- cuenta con potencial para más de 300 años de explotación. Así que los intereses que se han coaligado en torno de esa riqueza son, también, potencialmente explosivos. Y no es una buena noticia para los guerrerenses.